Reporta PGJE 207 homicidios dolosos

Foto: Misael Camarillo / MIRADOR

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Zacatecas, Zac.- Durante su comparecencia ante el Pleno de la 62 Legislatura local, el procurador de Justicia en Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, convocó a los representantes populares a elaborar un nuevo Código Penal en el estado, con lo que se podría hacer efectivo el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, a la vez que subrayó la creación de la Fiscalía General del Estado, y que sustituiría a la actual Procuraduría.

Además, expuso que diariamente se fortalece la cercanía y confianza con los zacatecanos para mantenerlos informados acerca de las acciones emprendidas a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), porque la población demanda resultados, estabilidad, confianza, respeto a la ley, apertura de miras y transparencia por parte de sus autoridades.

Así, manifestó a los legisladores en relación al cambio a Fiscalía que se trata de un organismo autónomo, según los cambios constitucionales publicados en marzo en el Periódico Oficial del Estado, pero que será necesario un presupuesto de 600 millones de pesos para 2018.

En este mismo sentido, recomendó cambiar completamente el actual Código Penal de Zacatecas para poder aplicar el nuevo Sistema Estatal anticorrupción, ya que en el actual ordenamiento no están incluidos los ilícitos de corrupción. También es necesario que se tipifiquen nuevamente delitos ya contemplados en el actual código, que tiene su vigencia a partir de 1986, armonizándose, al mismo tiempo con el nuevo sistema de Justicia Penal Adversarial.

Sin embargo, apuntó que no es con penas más severas a los delincuentes como se disminuyen los índices de criminalidad, pues elevar las penas no ayuda a reducir la violencia en la sociedad ni aporta a una real cultura de la denuncia.

Sostuvo Murillo Ruiseco que se requiere la entrada en vigor en su totalidad de los ordenamientos contra la corrupción para hacer eficaz la persecución de este ilícito en lo que se refiere a las revisiones de cuentas públicas de ex servidores públicos o a funcionarios, realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE). Esto, en lo que se refiere a los ayuntamientos y a Gobierno del Estado.

Procurador3Existen, dijo, diversas lagunas jurídicas que dificultan el concluir las indagatorias, y a modo de ejemplo, el procurador comentó que muchas de las demandas interpuestas por la ASE tienen que ver con el uso de recursos públicos, pero para investigar un posible delito de esta naturaleza se debe solicitar la información necesaria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de donde las respuestas suelen venir luego de un largo tiempo. Incluso, suele suceder que no se proporcionen los datos requeridos bajo el argumento de que se debe preservar el secreto de las instituciones bancarias.

En otro tema, expuso a los diputados que las denuncias presentadas en contra del ex gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes están en la Procuraduría General de la República (PGR) y que siguen su curso. La dependencia a su cargo está atenta por si se requiere apoyo de parte de la instancia federal.

En cuanto a las cifras de criminalidad en la entidad, informó Francisco Murillo que hasta el 21 de abril se habían registrado 207 homicidios dolosos, de los cuales 175, (84.54%) el occiso tenía relación con la delincuencia organizada. Mencionó, además, que en 2016 hubo 562 asesinatos y en 2015 fueron 289 ilícitos de esta naturaleza.

En el tema de feminicidios, explicó el procurador que este año se han abierto 5 carpetas de investigación, mientras que en 2016 fueron 18. Durante 2015 se investigaron tres casos y en 2014 otros tres; en 2013 fueron cuatro carpetas las que se iniciaron. En total se cuentan 33 carpetas de investigación, de las que 16 ya están judicializadas con 4 personas sentenciadas; otras 6 están en curso y en una más el Ministerio Público determinó la abstención de la investigación. Por lo menos ocho casos que comenzaron a investigarse como homicidio posiblemente sean clasificados como feminicidio.

El centro de justicia para mujeres, tiene un registro a partir de septiembre de 2016 de 607 demandas, de las que 341 de ellas están en curso y 42 se han judicializado. Se han dictado 333 medidas de protección.

Por lo que toca a los secuestros en el estado, sostuvo el titular de la PGJEZ que este año se han reportado 18 casos; el año pasado fueron 47 y en 2015 se registraron 27.

Sostuvo que la Estrategia de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia implementada por la gestión del gobernador Alejandro Tello se desarrolla en torno a tres ejes fundamentales: contención de los grupos delincuenciales, transformación de las instituciones y prevención del delito.

En este sentido, dijo que el grupo delincuencial que se hace llamar los Zetas ya no existe como tal en la entidad, ya que se ha dividido en varias células. Así, una de ellas se fusionó al denominado Cártel del Noreste, otra al Cártel del Golfo y una más al llamado Los Talibanes. Se realizan acciones en contra de todos, incluso, contra grupos que realizan incursiones esporádicas a Zacatecas, como lo es el Cártel de Sinaloa.

Sostuvo también que entre estos tres grupos se dan cruentas luchas a lo largo del territorio zacatecano y en el país, pero se ha luchado por desarticular a estos delincuentes. La mayoría de los detenidos tienen entre 15 y 25 años de edad, de manera que el sector de los jóvenes es el más asediado por los grupos delincuenciales para que se unan a sus filas, dijo. Ante ello, se han implementado importantes programas de política social para evitar que los muchachos sean absorbidos por las células delictivas.

Procurador1Destacó, por otro lado, la labor de las diversas corporaciones de seguridad, gracias a la cual hubo importantes logros, como la detención de delincuentes pertenecientes a dichos grupos, quienes participaron, además, en homicidios, privaciones ilegales de la libertad y otros delitos.

Finalmente, en cuanto a la percepción de seguridad en la población, dijo que se trata de un tema subjetivo, y que “la confianza de la ciudadanía se recupera con resultados, abatiendo la impunidad, con eficacia en las investigaciones y sentencias condenatorias justas, esto incluye resolver problemas y reparar daños a través de salidas alternas”.

CUESTIONAMIENTOS DE LAS Y LOS DIPUTADOS

Iniciando los cuestionamientos por parte de las y los diputados, Julia Arcelia Olguín Serna preguntó al funcionario por la observación hecha por la Auditoría Superior de la Federación en el 2016 al Centro de Justicia para Mujeres por el orden de ocho millones de pesos.

El diputado Samuel Carrillo Reveles cuestionó al procurador sobre las declaraciones hechas en medios locales, donde el funcionario aseveró que la percepción ciudadana de inseguridad no corresponde con la realidad, además de solicitarle las carpetas de investigación con que cuenta en la Procuraduría, a fin de que sea en la Legislatura donde se evalúe el trabajo realizado en cada caso.

La diputada María Guadalupe Adabache Reyes preguntó, sobre la situación que guarda la Procuraduría en materia de justicia por delitos contra las mujeres. De igual forma, lo cuestionó sobre las declaraciones y acusaciones hechas por la ex directora del Centro de Justicia para las Mujeres, y la supuesta corrupción al interior de la dependencia, lo que la obligó a renunciar. Por otra parte, pidió saber los criterios de coordinación para el trabajo en conjunto ante la posible deportación de connacionales a fin de asegurar su integridad en su regreso a la entidad.

En su oportunidad, la diputada Isadora Santiváñez Ríos, pidió al procurador hablar sobre el protocolo implementado por la Procuraduría hacia la atención a víctimas del delito, así como de las acciones para fortalecer la recepción y atención de denuncias.

El diputado Gustavo Uribe Góngora solicitó un a Murillo Ruiseco sobre los resultados que ha dejado la implementación del nuevo modelo de justicia penal, además que detalle la inversión hecha.

Por su parte, el diputado José Luis Medina Lizalde expresó que Zacatecas acumula el mayor número de semáforos en rojo en la clasificación de delitos de alto impacto. Dijo que la entidad es el tercer lugar en homicidios por cada cien mil habitantes. El segundo lugar con más secuestros en México, superado sólo por Tamaulipas. Tercer lugar nacional en violaciones sexuales. Ante esto cuestionó porqué las cárceles están vacías, y se está pensando incluso en cerrar algunas. Lamentó la autocrítica institucional por parte del funcionario al momento de su exposición ante la Asamblea. Solicitó al procurador hablar claro sin consideraciones de tipo político.

La diputada Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, reconoció la disposición que siempre ha tenido Francisco Murillo con la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Justicia así como con esta Soberanía siempre que se le ha solicitado, sin embargo, hizo varios señalamientos en cuanto al desempeño de la Procuraduría General de Justicia, detallando el escenario de seguridad que actualmente se vive en Zacatecas. Posteriormente le preguntó si hay indicios de inmersión de la delincuencia en la estructura de la Procuraduría, y qué se hace para blindarla. Requirió información sobre las acciones que se emprenden para corregir las violaciones de derechos humanos en los centros penitenciarios.

Carlos Peña Badillo hizo una reflexión sobre las tareas a realizar por la Procuraduría. Pidió detallar acciones, medidas o programas implementados por parte de esta dependencia para revertir la percepción ciudadana que se tiene de inseguridad, además de preguntar cómo abatir la desconfianza que los zacatecanos sienten sobre el actuar de la procuraduría.

La diputada Carolina Dávila Ramírez solicitó hablar sobre las acusaciones hechas por Mara Muñoz sobre corrupción y compadrazgos, así como del trabajo que se esté haciendo en la procuraduría para perseguir y prevenir casos de feminicidios; y detallar las acciones para combatir la violencia hacia las mujeres.

El diputado Omar Carrera Pérez tras presentar cifras en materia de percepción de inseguridad, así como de delitos cometidos en la entidad, cuestionó al funcionario sobre el detalle de denuncias recibidas y estado actual de cada una; además preguntó sobre el avance en las investigaciones sobre las denuncias recibidas contra Miguel Alonso Reyes; le pidió saber si el actual gobernador le ha recomendado en algún momento actuar fuera de la ley.

El diputado Jorge Torres Mercado, pidió saber cuál es el rezago que se tiene sobre los expedientes y carpetas de investigación que se tiene, sobre todo en las 18 agencias distritales con que cuenta la procuraduría.

El diputado José María González Nava felicitó al procurador por su trabajo frente a una encomienda nada fácil, que dijo, conlleva mucha crítica y poco reconocimiento.

Foto: Misael Camarillo / MIRADOR

Foto: Misael Camarillo / MIRADOR

La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés reconoció que la inseguridad es un problema que afecta a todo el país y donde Zacatecas no es la excepción, por lo que pidió saber que lazos se tiene con instituciones estatales y federales para el combate a la delincuencia y desarticulación de las células criminales.

La diputada Norma Angélica Castorena Berrelleza, solicitó información al procurador sobre el caso de la renuncia y denuncias presentadas por Mara Muñoz, además de la situación que guardan las acusaciones interpuestas por violencia contra mujeres.

La diputada Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre pidió información sobre el eventual desvío de recursos del ex gobernador Miguel Alonso y algunos de sus funcionarios; hechos que ya fueron denunciados y que siguen una investigación. Por otro lado, solicitó saber si ya se inició alguna averiguación sobre la supuesta violación de derechos humanos en el CERESO de Cieneguillas. Solicitó saber cuántas denuncias hay contra ex funcionarios y ex alcaldes e información sobre la presencia del cártel de los Zetas en la entidad.

La diputada María Elena Ortega Cortés habló sobre la solicitud de alerta de género que se hizo para Zacatecas, por lo que le solicitó saber cuál es el estado que se tiene en este sentido, y por qué no se ha dado. Le solicitó explicar a las y los legisladores las razones por las cuales se hizo el nombramiento del actual sub procurador de justicia, sobre todo por tener denuncias en su contra por diferentes señalamientos.

Mónica Borrego Estrada dijo que la inseguridad y la violencia son fenómenos que tienen preocupados a la población zacatecana. Destacó que hay un aumento considerable en el número de homicidios en comparación a años anteriores. Los ciudadanos requieren de propuestas viables que garanticen tranquilidad a los ciudadanos. Preguntó qué piensa hacer el gobierno en materia de prevención del delito. Zacatecas solía ser una de las entidades más seguras, ahora la situación ha cambiado. Solicitó se explique también la observación de ocho millones de pesos que hizo la Auditoría sobre el Centro de Justicia.

Osvaldo Ávila Tiscareño destacó la voluntad de las y los legisladores para realizar este ejercicio democrático. La responsabilidad del procurador es delicada. Añadió que es necesario establecer algunos mecanismos para fomentar la denuncia. Además se debe apostar a la profesionalización del personal. Preguntó qué recomendaciones se han atendido en materia de Derechos Humanos. también preguntó sobre la coordinación con otras instituciones para desarticular la delincuencia organizada, y qué otros mecanismos tiene la Procuraduría para avizorar los casos de corrupción que se pueden generar al interior de esa dependencia.

Guadalupe Nalleli Román Lira solicitó el informe de avances de la institución en materia de secuestro. Agradeció al funcionario su atención a la comparecencia.

Felipe Cabral Soto expresó que los paisanos piden información sobre la seguridad que hay en las carreteras, y con qué otras instancias de gobierno tiene relación la Procuraduría a fin de garantizar el tránsito seguro de los connacionales que regresan a la entidad.

La diputada Isaura Cruz de Lira señaló que la inseguridad es el principal problema de Zacatecas. La inversión a cultura y educación es la mejor. Preguntó cuál sería la inversión necesaria para combatir la delincuencia con prevención ciudadana. Cuestionó por cada millón invertido, cuántos delitos se han evitado.

Al concluir los cuestionamientos de los representantes populares, el abogado del Estado dio respuesta a cada integrante de la Legislatura. El ejercicio de comparecencia concluyó después de la réplica de las y los legisladores.

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