Zacatecas, Zac.-El coordinador general Jurídico de Gobierno del Estado, Jehú Eduí Salas Dávila, comentó en entrevista que ya fue fijada la fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, en el caso de la controversia constitucional por el Impuesto Ecológico, en la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN), para el 13 de junio.
Estamos optimistas, dijo, ya que los informes que han rendido tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados en el congreso de la Unión, además de los informes rendidos por la Secretaría de Recursos Naturales en los diversos amparos que se sustancias en los juzgados de distrito, dan buenos resultando. En algunos de ellos se recogen los argumentos que se exponen por parte de Gobierno en la defensa.

Sobre el tiempo para una resolución, dijo que es muy variable y no se puede pronosticas. Depende mucho del trabajo que se realice al seno de la SCJN, pero se estima que para el mes de noviembre pueda estar resolviendo el Pleno de la Corte.

En cuanto a las empresas que se ampararon contra el Impuesto Ecológico, dijo que en caso de que se gane la controversia, cada caso seguirá por cuerda separada, pero falte sustancial, pero parte de los argumentos presentados por las mineras es la competencia del estado para normar el cobro de este impuesto, situación que será resuelta de forma definitiva e inatacable por la suprema corte.

Por otro lado, se espera que se tenga ya en los próximos días la Ley General anticorrupción, además de algunas otras, que habrán de ser enviadas por el gobernador a la Legislatura. La idea es que estén ya publicadas antes del 18 de julio, que es la fecha fatal constitucional para que cumplan los estados.

Además, sostuvo que para ello “estamos en muy buen tiempo”, a la espera que el proceso legislativo se dé con mucha pulcritud y que se abra el debate con los sectores sociales, la academia y los propios diputados. También espera que se le incluya en el debate parlamentario en el trabajo de comisiones.

El tema fundamental es poner al ciudadano en el centro de este sistema contra la corrupción, y el papel que ha de jugar el Comité de Participación Ciudadana dentro de la implementación del sistema local anticorrupción es fundamental. El mecanismo que se propone cuida muchos aspectos para que el ciudadano que forme parte del comité sea realmente apto, y “que no sean políticos en retiro o perfiles que vengan ya dirigidos o visualizados con una opción política en el estado”, concluyó.