Por el momento se trabaja en atender a los grupos más vulnerables de la población y a los principales factores de riesgo que propician violencia y delincuencia. Se sabe por todos los indicadores que en el segmento de población joven se tiene el grupo más vulnerable, no solo de sufrir, sino también de incurrir en violencia y delincuencia, de manera que la prioridad son los jóvenes, especialmente de 15 a 25 años.Así lo dio a conocer Alberto Begné Guerra subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, quien agregó que se tiene en estas edades un momento crítico, de la secundaria a la preparatoria, donde se dan los problemas de deserción escolar y con ello se agudizan los riesgos de adicciones, participación en pandillas, embarazo en adolescentes y otros problemas. Es necesario, dijo, romper con estos círculos viciosos.
El otro sector prioritario es el de las mujeres, ya que se siguen teniendo altos índices de violencia, especialmente en los hogares, donde se siguen presentando casos de feminicidios.
Los esfuerzos se abocan principalmente en estos dos grupos con políticas y programas sostenidos, agregó, haciendo que la sociedad se involucre cada vez más y se haga más responsable, pues no se trata solamente de un asunto del gobierno, pues el tema de la violencia y el de la delincuencia son un asunto de la sociedad en su conjunto.
Pretender que el gobierno solo resuelva esto, que muchas veces se engendra en los hogares, es imposible, por lo que se debe trabajar en conjunto. Ante ello, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) señala que se deben crear consejos ciudadanos en apoyo a estos temas, y deberán comenzar a funcionar en el mes de junio próximo.
Donde se han aplicado los programas se han obtenido resultados magníficos, aseguró, pero donde no funcionan proyectos de esta naturaleza es cuando se realizan acciones aisladas o esporádicas, de manera que hay que ir a los grupos de riesgo y atenderlos hasta que se les saque del problema. Se han visto cambios que se consideraban impensables, comentó.
Lo programa que se lleva a cabo en la colonia Lázaro Cárdenas de la capital del estado, además de varias colonias y comunidades en otros estados, han tenido mucho éxito, pero el asunto es replicarlos y sostenerlos.
El presupuesto que se tenía para estos programas proviene de nueve secretarías de estado, ya que no tuvo recursos Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia, y se concentran recursos para este fin. Son alrededor de 30 mil millones de pesos, provenientes de las distintas dependencias.
En sentido estricto, la responsabilidad de un delito es de la persona que lo comete, explicó al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se sancione a los padres de familia de los menores infractores, y en el caso de adolescentes en conflicto con la ley se trabaja en los 54 centros de internamiento juvenil con una serie de programas para la reinserción social, pero no se les podría hacer una imputación directa a los padres.
Sin embargo, sí hay algunos otros factores como abandono de los menores, incumplimiento de la pensión, ni llevar a los niños a la escuela, no dar la atención en salud, y en estos sí hay grave responsabilidad, manifestó el funcionario.
Donde hay una niña o un niño que son queridos y tienen cerca a sus padres, las posibilidades de que delincan son infinitamente menores, de manera que hay que concientizar a los padres de familia y a la sociedad que deben hacerse cargo de esa cercanía. “Es curioso que en ciertas colonias nos dicen las señoras en caminatas nocturnas que hemos tenido como parte de otro programa, que es muy peligroso por la presencia de pandilleros, por lo que queremos más fuerza policiaca”.
Pero al momento de que se les pregunta si de esos pandilleros algunos no serán sus hijos o sus sobrinos van saliendo algunos pendientes. La prevención social supone la colaboración de las familias, es decir, detectar un problema y atenderlo antes de que se salga de control. A nivel nacional se atiende de forma espacial 246 polígonos conflictivos, concluyó Begné Guerra.
