Foto: Misael Camarillo / MIRADOR
Zacatecas, Zac.- Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el estado, aseveró al ser entrevistada respecto a la información vertida por el diputado panista Arturo López de Lara Díaz en el sentido de que a lo largo de varios sexenios cerca de mil 800 funcionarios públicos no han sido investigados correctamente, que es necesario revisar puntualmente cada una de las afirmaciones que se puedan hacer.
Dijo que fue emitida una Ley de Responsabilidades que fue decretada como inconstitucional, con la que se juzgó la actuación de muchos servidores públicos hasta 2012 pata ejercicios anteriores. Esas actuaciones no desembocaron en sanción a servidores públicos porque no iban a prosperar, y las sanciones que se emitieron fueron eliminadas por los tribunales, ya que provenían de la ley referida.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) hizo llegar a la SFP diversos expedientes que tienen que ver con observaciones realizadas y resolutivos que tienen que ver con la no solventación de observaciones, sobre cuentas públicas, y en 2013 se emitieron los expedientes, pero hay un tiempo para revisar procesar, de manera que tardan en llegar a la SFP.
Puede ser que lleguen en 2017 expedientes de 2015 o de 2014, y sería muy difícil especificar cada expediente. Lo que sí se hace es un diagnóstico de los procedimientos que se tienen y que no han sido iniciados, encontrándose varios expedientes que estaban atrasados. Ya van saliendo los procedimientos, y van a salir de acuerdo a la ley y si se tienen los elementos legales y su debido fundamento, se va a proceder.
Caso concreto es la supuesta corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Zacatecas, donde el gobernador le dio la instrucción de revisar, cosa que se va a hacer a pesar de ser una instancia federal. Esto quiere decir que los recursos no llegan por medio de la Secretaría de Finanzas (Sefin), sino a través de otras instancias.
De cualquier forma, se va a tener acercamiento con los contratistas, y se espera que aporten elementos para que presenten la denuncia correspondiente, dijo la secretaria.
“Es un tema delicado”, agregó, y se tiene que revisar. Sobre todo, debe llevar al Estado a cuidar este tipo de situaciones, y el tema de los prestanombres es el más complicado.
Sin embargo, negó el dicho de los constructores en el sentido de que la propia secretaria sabe quiénes son los personajes que se prestaron a presuntas corruptelas, ya que no ha tenido acercamiento con los procedimientos. Además, se busca un acercamiento con la Cámara de la Construcción, con la que se revisa la Ley de Obra Pública y se tocan otros temas.
Si llegara a presentarse una denuncia, subrayó, sería investigada y sustentada.
