Zacatecas, Zac.- El procurador de Justicia en el estado, Francisco Murillo Ruiseco, informó este lunes en conferencia de prensa que se tienen importantes avances en materia de procuración de justicia y derechos humanos. El trabajo que se ha desarrollado demuestra el compromiso de combatir de manera local la impunidad.

En el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que el respeto irrestricto a los derechos humanos es un factor fundamental en la aplicación de las leyes, anunció la Unidad Especializada para la Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

Además, dio a conocer la designación de la titular de la segunda Agencia del Ministerio Público contra Feminicidios.

Señaló que el pasado día 3 de junio se logró una sentencia condenatoria en contra de 10 personas, seis hombres y cuatro mujeres, a la vista de los periodistas presentes en conferencia de prensa, los cuales formaban una banda dedicada al secuestro, respecto de un hecho ocurrido el 2 de mayo de 2015 en contra de tres hombres en Guadalupe.

La labor realizada por las áreas de investigación en coordinación del Ministerio Público permitió ofrecer en este caso las pruebas suficientes para que se emitiera la condena, ya que, además, se les detuvo en flagrancia.

La información contenida en la carpeta de investigación permitió que tres jueces dictaran sentencia de 112 años y seis meses de privación de la libertad en contra de Edgar Alejandro y Martín, ambos de 27 años de edad; José Roberto, de 26; Jorge Adrián de 25; Mario de 24 y Luis Fernando de 21 años. Esto, sin beneficios de ley.

Sobre el mismo caso, el tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria por 100 años de cárcel en contra de Juliana, de 30 años de edad; Alma Cecilia, de 27; Laura, de 21 y Griselda, de 19 años de edad. Así, toda la banda suma mil 75 años de cárcel.

Es importante resaltar, dijo el procurador, que el procedimiento se llevó a cabo en un juicio oral, y que una muestra más del trabajo realizado se constata con la aprehensión por el delito de homicidio, ejecutada el pasado 16 de junio, en la capital del estado, en contra de Oscar “N”, alias El Tumbado, a quien se le vinculó al homicidio de un hombre ocurrido el pasado mes de mayo frente al bar denominado Satélite, en Guadalupe. Una vez detenido, se realizó un cateo en el domicilio y ahí se encontraron ropa y zapatos con restos de sangre relacionados con las personas y la escena del crimen, dijo el funcionario.

Por otra parte, en colaboración con las autoridades de Coahuila, se logró la identificación de Irvin “N”, quien se suicidó en el municipio de Torreón. Esta persona estaba en calidad de prófugo de la justicia zacatecana vinculado al feminicidio de quien fuera su pareja sentimental, quien en vida respondiera al nombre de Ana Rubí, de 20 años de edad, ocurrido el 23 de abril del presente año en el municipio de Guadalupe.

Además, expuso Murillo Ruiseco que a partir del primero de junio pasado la Coordinación de Servicios Auxiliares de Medidas Cautelares en el estado se encuentra en condiciones para dar cumplimiento y colocación de localizadores electrónicos, con lo que se responde a la exigencia de la sociedad ante una justicia pronta frente a hechos delincuenciales.

De igual forma, siguiendo las instrucciones del gobernador Alejandro Tello para dar protección a los periodistas locales en el ejercicio de su labor, se creó la Unidad Especializada para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, al interior del Centro de Justicia para las mujeres.

A partir del 5 de junio, y se designó a Sandra Juárez López como Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada para la Protección de Feminicidios número 2, con lo que se fortalece el Centro de Justicia para las Mujeres.

Sostuvo Francisco Murillo que la Procuraduría aceptó la recomendación emitida por la comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), con el número de expediente 746/2016, derivada de los hecho realizados en la comunidad de Salaverna, en Mazapil, el 23 de diciembre de 2016. Consistió en el desalojo y demolición de las viviendas del lugar, y en cuya recomendación se denuncia una actuación arbitraria por parte de las autoridades que participaron en dicho operativo. Recalcó, sin embargo, que sólo de acepta la parte que corresponde a la Procuraduría.

Por lo que toca a los llamados brazaletes electrónicos, dijo que no se trata de una condena, sino una de las medidas cautelares que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que los jueces de control pueden determinar, de manera que los imputados no estén en prisión preventiva.

Al ahondar en el caso de Salaverna, manifestó que la CDHEZ encontró una serie de irregularidades en los hechos, de manera que distintas áreas del gobierno debieron atender. En el caso de la PGJEZ se refiere al oficio que se recibió para acompañar a las autoridades de Protección Civil para proceder al desalojo, en cumplimiento de una determinación administrativa, derivada de los riesgos que representa esa zona, y que aún está habitada. Esa es la parte que acepta la Procuraduría, y se analizarán casos posteriores para ver si se requiere la protección y en qué medida.

También dio a conocer que hasta hace unos días se llevaban más de 186 personas detenidas que tienen vínculos con la delincuencia organizada, y se tienen pendientes varios casos sobre feminicidios, pero ya se llevan a cabo las indagatorias.

En el caso del padre de familia que dio muerte a su hijo y dejó malherida a su esposa, este domingo en la capital del estado, dio a conocer Francisco Murillo Ruiseco que se detuvo al presunto responsable en flagrancia del homicidio. Aclaró, además, que no la víctima no es su hijo, sino su hijastro. En las próximas horas será puesto a disposición del juez para que responda por este hecho delictivo. La mujer lesionada, dijo el procurador, sigue internada en el hospital, ya que presenta graves lesiones, de manera que está en observación médica.

Sobre el traslado de Juan Antonio “N”, mejor conocido como La Hamburguesa, a un penal de Ciudad Juárez, dijo que está puesto a disposición de un juez federal, de manera que se encuentra fuera de la jurisdicción del fuero común. La solicitud de traslado la hizo la PGR, y ya está en Ciudad Juárez, y sostuvo que no se conocen más detalles. El Centro de Readaptación social (Cereso), está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública, y en su momento está en coordinación con los jueces estatales y federales para los traslados de ciertos imputados que por su peligrosidad o características no deberían estar en un centro penitenciario de mediana seguridad, como lo es el de Cieneguillas.

Finalmente, en lo que se refiere a los secuestros, sostuvo que están a la vista el trabajo que se hace, mostrando a las personas que conformaban la banda que se detuvo. Sin embargo, precisó que tras el informe de Alto al Secuestro, organización no gubernamental que rindió su informe, Zacatecas aparece en un sitio con mucha incidencia, donde por cada 100 mil habitantes se está en primer lugar. Pero en términos totales es otra perspectiva, ya que los estados con mayor incidencia son el Estado de México, Veracruz y Tamaulipas. Este año, hasta mayo, se tienen registrados 28 secuestros, y esta es la cifra que al final de cuentas aparece en el informe. La edad de los delincuentes es ahora de 20 años, de manera que se requiere seguir trabajando en la prevención, aseguró, ya que también se encuentran involucradas muchas mujeres.