Zacatecas, Zac.-Durante la sesión legislativa de este martes, el diputado Le Roy Barragán Ocampo, dio lectura a una iniciativa punto de acuerdo para promover la rotación de las comisiones de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) y Planeación, Patrimonio y Finanzas de la Legislatura local.
Por su parte, la legisladora Geovanna Bañuelos de la Torre presentó una iniciativa para la modificación de diversas disposiciones transitorias de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, así como de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.

Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia para su revisión, análisis, y en su caso, para su presentación ante el Pleno para su aprobación.

Acto seguido, se declaró un receso en la sesión para continuar en punto de las 12 horas con la comparecencia de la secretaria General de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez.

Previo a la comparecencia de la secretaria, pobladores de la comunidad Salaverna se presentaron en el edificio sede de la Legislatura para exigir que se les escuchara por parte de las distintas bancadas partidistas, y narraron a los representantes populares la serie de atropellos de que fueron objeto durante el desalojo de sus viviendas el 23 de diciembre de 2016.

Señalaron que se tiene un recurso legal interpuesto ante la Sedatu, de manera que, según el propio organismo regulador de la tierra, mientras exista un litigio, nadie puede disponer de las áreas en conflicto.

Asimismo, los habitantes de la región del semidesierto consideraron el desalojo como un acto injusto de parte de las autoridades, por lo que pidieron que se haga justicia para recuperar, en parte, su patrimonio.

Hombre, mujeres y niños por igual, fuimos desalojados, y ante el importante número de personas que iban con las autoridades, nada pudimos hacer. Al final de cuentas nos paramos frente a ellos y es cuando pararon, comentaron las víctimas del desalojo.

En el asunto se encuentra pendiente la comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), cuya presidente, María de la Luz Domínguez Campos, emitió una recomendación al titular del Poder ejecutivo, y en particular, a la secretaria general de Gobierno, ya que, tras una investigación, se determinó que fueron violados los derechos de los moradores del lugar.

Por su parte, Fabiola torres no aceptó la recomendación, por lo que, para seguir el procedimiento legal, la propia CDHEZ solicitó que el Congreso la llamara a cuentas para que exponga su dicho.

Sin embargo, si una vez más no se acepta la recomendación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas procederá a interponer una denuncia formal ante la agencia del Ministerio Público para que se haga una investigación adicional.

Esa es la razón por la que este martes comparecería Torres Rodríguez ante el órgano legislativo.