Foto: Misael Camarillo / MIRADOR

Zacatecas, Zac.- María de la Luz Domínguez Campos, titular de la comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, comentó en entrevista que el organismo a su cargo coincide con el órgano nacional en cuanto a que debe haber una política de prevención, atención y sanción a los feminicidios, además de que el delito se ha venido incrementando en el país y a nivel local.

Por otro lado, dijo que es muy importante fortalecer y homologar los marcos jurídicos normativos, para que exista un rango de punibilidad acorde a la conducta delictiva cometida, es decir, que quienes cometan este ilícito sean sancionados conforme a esta conducta.

“Lo más importante es que disminuyan los niveles de impunidad que prevalecen en el país y las entidades, ya que cuando muere una mujer con violencia y por razón de ser mujer, no solamente se afecta una vida, sino la de toda una familia, pues muchas ocasiones dejan hijos que se quedan solos”.

Además, en torno a esa problemática persiste una cultura machista en la que los hombres consideran que las mujeres son de su propiedad y pueden disponer de ellas y de sus vidas en el momento en que quieran. Por eso se ha incrementado de manera importante el delito.

Ante ello, es importante la prevención y la investigación y sanción, pero también bajar los niveles de impunidad, dijo.

Cuando se presenta un feminicidio, lo que espera la sociedad y los familiares de la víctima es que haya justicia y que se sancione conforme a la ley, que se imponga una pena proporcional para que no se vuelva a presentar el hecho. Esos son los temas fundamentales, el que las sanciones a los feminicidas sean tengan la función de evitar que más personas cometan este hecho ilícito y que más mujeres pierdan la vida.

Debe haber una política estatal integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida, y del mismo modo debe revisarse el tema de las reparaciones integrales a las víctimas, como los hijos que dejan las mujeres.

La alerta de Género debe trascender a una política estatal de prevención, atención, sanción y erradicación, además de reparación del daño, insistió, pues no es suficiente emitir la alerta. También debe haber fortalecimiento y capacitación por parte de los órganos que tienen que ver con el proceso de investigación y sanción.