Foto: Misael Camarillo / MIRADOR
Zacatecas, Zac.-El titular de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, Jehú Eduí Salas Dávila, señaló que para que una nueva disposición legal en materia electoral entre en vigor, debe ser aprobada por lo menos tres meses antes de un proceso electoral, de manera que si en estos momentos se diera una aprobación, su aplicación entraría en vigor para el siguiente proceso comicial.
Lo anterior, en referencia a la iniciativa de ley presentada por el legislador local José Luis Medina Lizalde, integrante de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien propuso la desaparición de los Organismos Públicos Locales (Oples), en este caso el Instituto electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), para que se encargara de las elecciones el Instituto Nacional electoral (INE).
Por otra parte, señaló que Gobierno el Estado sigue al pendiente de la resolución que emitirá la suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al Impuesto Ecológico en Zacatecas. Por parte del Poder Ejecutivo como del Legislativo se han desahogado todas las etapas procesales que tengan participación, y el asunto será proyectado para su resolución.
Dijo que se espera que para las próximas semanas se tenga un esbozo de fecha para la resolución, posiblemente antes de que termine el año, lo que traería aparejada la posibilidad de definir el paquete económico del próximo año.
“El ánimo sigue siendo muy positivo respecto a una resolución favorable, sobre todo por un par de sentencias en las que el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas se pronunciara sobre la posibilidad que tienen los estados para emitir impuestos ecológicos, con la implicación constitucional, pero hay que esperar qué dice la corte”.
En cuanto al tema del acoso (bullying), manifestó que en Zacatecas se tiene una ley para prevenirlo, y que por sí sola tiene elementos de carácter aplicativo, y el establecimiento de normas aplicativas podría vulnerar la aplicación efectiva.
La Secretaría de Educación (Seduzac) y las autoridades que intervienen en forma directa e indirecta en la función educativa estatal tienen facultades de ejercicio directo de la norma, más allá de que pudiera haber o no un reglamento, aseguró.
