Zacatecas, Zac.- Diputados de las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM), señalaron en conferencia de prensa que “no hay nada ilegal en la sesión legislativa que tuvimos el día de ayer”, a propósito de la presentación del dictamen y aprobación del paquete económico del Ejecutivo para el ejercicio fiscal 2018, ya que se han seguido los lineamientos del caso y de ninguna manera se trata de un “madruguete”.
Manifestaron que el pasado 27 de noviembre los integrantes de la Comisión de Presupuesto, en la que están representadas diversas fracciones parlamentarias, determinó instalarse en sesión permanente, es decir, que todos los días y las 24 horas son hábiles para trabajar en la construcción del dictamen de presupuesto, mismo que fue aprobado por unanimidad por los integrantes de dicha comisión.
“A partir de ahí, trazamos una ruta de atención, lo mismo recibimos al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), que al magistrado presidente del Poder Judicial, a la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), y a la comisionada presidente del Izai. También se platicó con compañeros diputados que acudieron a la mesa y se escuchó a la sociedad civil que acudió en el formato de cámaras empresariales u organizaciones; todos los días estuvimos intercambiando la información y analizándola, además de que la CRICP mandó por escrito una solicitud a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (CPCP) para que se informara cuáles trabajos estábamos trabajando y de qué manera estábamos sesionando”, advirtió Carlos Peña Badillo.
La CPCP emitió un oficio de respuesta donde se informó cuál era la ruta que se estaba siguiendo, agregó, es decir, cómo se estaba escuchando y atendiendo. “En ningún momento, nadie de los que integran la CRICP o que forman parte de esta 62 Legislatura optó por acudir a las sesiones de trabajo. Nosotros estuvimos trabajando y sesionando, y nadie acudió para acompañarnos y traer alguna propuesta que pudiéramos aplicar o que abonara al presupuesto”.
No fue sino hasta el 4 de noviembre cuando se informó a la CRICP que se iniciaría la sesión para concluir el dictamen, y acudieron a la mesa los diputados Arturo López de Lara Díaz y María Elena Ortega Cortés. Se cometió a consideración de los cinco integrantes de la CPCP si consideraban que el dictamen estaba debidamente analizado y discutido. Estamos hablando de 18 días de trabajo constante para analizar y concluir con el dictamen, y se aprobó por unanimidad, de manera que el paquete económico 2018 se aprobó por cuatro votos a favor y uno en contra, aseguró Peña Badillo.
“Posteriormente, se notificó a la CRICP para que se agendara en el orden del día, y una vez que estaba agendado para sesionar, no se podía prolongar la estabilidad ni estar condicionados a visiones políticas erráticas, ni estar concesionando a capricho de nadie que el presupuesto no se discutiera. La Constitución es muy clara, y dice que el paquete económico puede entregarse hasta el 30 de noviembre del año que se trate y que puede solicitarse una prórroga cuando no pueda cumplirse con esa fecha. Pero también mandata al Congreso del Estado para que con el límite del 15 de diciembre pueda aprobarlo, y de ser el caso, se pueda ampliar el periodo, pero nada limita a que los días de discusión y análisis se hayan agotado con antelación, ya que el paquete llegó a la Legislatura el 17 de noviembre, de manera que no había ningún sentido ara alargar el análisis”.
Por otro lado, dijo el diputado que el mismo 17 de noviembre se habló de presentar un paquete económico alterno al presentado, lo que nunca sucedió. La CPCP dictaminó todos y cada uno de los puntos de acuerdo, iniciativas y solicitudes, y jamás llegó una propuesta alterna. “Lo que no se dictamina es porque no se presentó, y lo que no se presenta y se discute, no tiene por qué ser discutido en el Pleno”, añadió.
Así, se decidió aprobar un paquete económico, de manera responsable, que respalda la seguridad en el estado, la política social en materia de consolidación para erradicar la pobreza, que acompaña a la salud, al Poder Judicial, a los organismos autónomos, a la UAZ, demostrando que el compromiso que se tiene sólo es con Zacatecas, aseguró Carlos Peña.
Por su parte, la diputada Julia Olguín Serna comentó que fue designada para que a partir del primero de diciembre ocupara la presidencia de la mesa directiva, de forma que la sesión que dejó inconclusa Isaura de Lira, fue reiniciada, pues la presidente en funciones es ella. El espacio que ocupó en ese momento, es ilegal.
“No hay nada ilegal en la sesión que tuvimos el día de ayer, y dentro de mis facultades tomé la decisión de llamar a los diputados a sesión, por lo que todo lo que se ha hecho ha sido legal. Así lo faculta la Ley Orgánica del Municipio en el artículo 105”.
Celebró, por otro lado, que Zacatecas tenga ya aprobado su presupuesto.
Peña Badillo aclaró que el 4 de noviembre, mientras se realizaba la sesión legislativa, se presentó por parte del PRD un documento en tres hojas, lo cual no puede constituir una propuesta, pues esto requiere de trabajo, seriedad y análisis, además de una proyección puntual de cuándo se ingresa y cuánto se eroga. “Eso resulta irrisorio y hasta una burla si se dice que con eso se podrán gastar más de 30 mil millones de pesos para el estado de Zacatecas”.
De cualquier manera, se hacían solicitudes de reasignación y análisis, lo cual se sometió a consideración de la comisión, y se votó en el sentido de que no estaba soportado debidamente, ni siquiera para volverse a analizar al interior de la propia comisión.
Finalmente, expuso que la reducción que se dio a diversos montos y partidas fue de 174 millones de pesos, derivados de distintos ajustes que se hicieron a las dependencias. Tienen que ver con algunas adquisiciones de bienes muebles que se estaban proyectando, con programas que no se aplicaron en 2017, a los que se les reasignaron recursos, como al caso del campo, al sector salud y al Poder Judicial.
