Foto: Misael Camarillo / MIRADOR
Zacatecas, Zac.- José Luis Medina Lizalde, diputado local por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dio a conocer “que ha fructificado el inicio de la acción de inconstitucionalidad; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la admite, y abre una expectativa muy importante porque nos permitirá luchar por una rectificación de fondo”.
El abogado Gerardo Espinoza puntualizó, en rueda de prensa, que en diciembre, luego de la sesión en la que se aprobaron diversos instrumentos legislativos, entre ellos el Paquete Económico, con un procedimiento irregular, el 19 de enero se presentó la acción de inconstitucionalidad a nombre de las fracciones del PRD, PT, Morena y Encuentro Social.
Se presentó contra la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018, contra todos sus artículos y transitorios; el presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio fiscal 2018, y contra el Decreto número 263 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Fiscal del estado y sus municipios, de la Ley de Hacienda del Estado, de la Ley de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, de la Ley de Disciplina Financiera y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública de la entidad y sus municipios.
Estos decretos fueron promulgados a través del Periódico Oficial con fecha 20 de diciembre de 2017, agregó el abogado, y las principales violaciones que se alegaron en la demanda se resumen en los principios que estimaron los diputados fueron violentados en el proceso legislativo fueron los de debido proceso, de legalidad, de participación efectiva de las minorías parlamentarias, de democracia procedimental, el de libertad del procedimiento legislativo, de igualdad del procedimiento y de equidad en la deliberación parlamentaria.
También fueron violentados los valores democráticos en que se fundamenta la democracia liberal participativa, el respeto a la participación democrática, a los causes básicos de la expresión de la voluntad de la cámara parlamentaria y el valor de la representación material ciudadana.
Estos principios y valores están contemplados en los artículos 14, 16, 39, 40, 41 y 116 de la Constitución, advirtió, y se presentaron pruebas de todo y se acreditaron violaciones al procedimiento legislativo “gravísimas”, ya que en los hechos se impidió la participación de la minoría, representada en el Poder Legislativo local, advirtió.
“Una vez que se presentó la acción de inconstitucionalidad, el pasado 22 de enero, la semana anterior, el ministro presidente de la SCJN dio entrada a la acción y la turnó para su estudio y resolución respectiva bajo el número 12/2018, con la solicitud de diputados locales contra actos de la misma Legislatura del estado de Zacatecas, contra el gobernador del estado como autoridad ejecutora y contra el Periódico Oficial del Gobierno del Estado por haber publicado los cuerpos de ley”.
Lo que sigue, dijo, es que será notificada la mesa directiva del Congreso local y tendrá un término de 15 días para contestar la demanda, aportar pruebas, desestimar, si es que así lo pudieran acreditar y seguirá en estado de resolución.
Es posible que los ministros de la SCJN determinen que se desahogue alguna audiencia específica, se realizaría algún desahogo de prueba, y de los elementos de prueba que presentaron los diputados promoventes son 23 elementos de prueba, entre ellos las actas de las sesiones de Pleno, de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), los audios y videos de las sesiones y sus acreditaciones como diputados.
“De ninguna manera se justificó que los diputados de mayoría excluyeran de manera repentina y atropellada a los que integran la minoría, ya que quedaban más de 24 días para poder realizar un disenso o un análisis a fondo sobre estos tres grupos que integran el paquete económico. Sin embargo, se violentó todo el procedimiento administrativo que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley Orgánica del Poder legislativo y su reglamento”.
Añadió que se espera la notificación a la mesa directiva para que siga el proceso ante el Pleno de la SCJN, y “nos da gusto que esta máxima instancia haya encontrado elementos suficientes para entrar al estudio de esta violación constitucional”.
Por su parte, Geovanna Bañuelos de la Torre, diputada local por el Partido del Trabajo (PT), manifestó que hay esperanza en lo que acaba de anunciar el abogado, ya que se habla de que SCJN aceptó analizar, porque encontró elementos de irregularidad en la votación del paquete económico de 2018. “Lo anunciamos en diciembre; ingresamos todas las pruebas el 19 de enero y el 22 fuimos notificados de que se había aceptado y turnado”.
Esto repercute para los zacatecanos en el hecho de que desde que inició el mandato de Alejandro Tello se ha actuado con absoluta arbitrariedad, se ha violentado la ley, se han creado nuevos impuestos y se ha logrado que los zacatecanos a través de este mecanismo fiscal absorban el desfalco financiero que heredó Miguel Alonso.
En el primero presupuesto de Tello se votaron impuestos como los Ecológicos, que después fueron controvertidos, incluso desde la Federación, por encontrarlos ilegales, e impuestos como el de infraestructura, al que muchos ciudadanos se ampararon y recibieron una resolución favorable y se les reembolsó el impuesto antes recaudado.
“No le bastó con esa vergüenza pública, y con esa ilegalidad este gobierno el año pasado mandó un paquete que replica esos impuestos, y aparte mandatan a este Poder Legislativo a que violente el procedimiento, y dimo cuenta cómo en un día, como nunca antes en la historia del Poder Legislativo, se dio lectura, se analizó y se aprobó un paquete económico, del que ahora los ciudadanos están padeciendo sus consecuencias al pagar nuevamente impuestos como el de Infraestructura, de control vehicular, y en el caso específico del municipio de Zacatecas, impuestos estratosféricos del predial, del que incluso, ya muchos actores han salido a disculparse”.
