Foto: Misael Camarillo / MIRADOR
Zacatecas, Zac.- José Santos Cervantes y Efraín Arteaga Domínguez, además de otros líderes de organizaciones civiles, pertenecientes al Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), cuestionaron las declaraciones hechas por el titular de la Dirección Estatal de Protección Civil (PC), Juan Antonio Caldera Alanís, en el sentido de que la Secretaría de Energía ha llevado a cabo los estudios correspondientes al suelo en la cabecera municipal de Chalchihuites, cuando la ley dice que es la Secretaría de Economía la que debe estar a cargo de ello.
Mediante un documento dirigido al gobernador Alejandro Tello Cristerna señalan que el director de PC ha hecho algunas afirmaciones en las que señala que realizó un censo en viviendas de la cabecera municipal de Chalchihuites, tras el cual se constató la presencia de grietas horizontales y verticales que, y hasta donde se sabe, no fueron provocadas por un fenómeno sísmico, puesto que de ser así, hubiera sido detectado por el Servicio Sismológico Nacional.
Así, la primera hipótesis sobre las causas de las grietas en las casas puede ser descartada, y quedan por descartarse otras dos, es decir, un fenómeno geológico o las detonaciones hechas por la minera First Majestic que opera en la región.
Aseguró Caldera Alanís que se esperan los resultados efectuados por la Secretaría de Energía, luego de que de manera conjunta con otras dependencias, se hizo un trabajo de análisis.
Al respecto, comentó Arteaga Domínguez, en lectura del referido documento, que es una falta de seriedad y profesionalismo afirmar que ya se hizo un censo, cuando el pasado febrero revisaron sólo nueve viviendas. Como organización tienen documentadas al menos 50 viviendas y un edificio público, y aún no se concluye el censo.
Sobre el concepto del director de PC respecto a que las grietas no son producto de un fenómeno sísmico, sino que son naturales, dijo que no se puede llegar a esta conclusión porque la investigación no ha concluido, y menos cuando una de las hipótesis consiste en que los daños a las viviendas sean causadas por las detonaciones de la empresa extractora de mineral.
“No tiene por qué adelantarse y decir que son naturales, entonces para qué es la investigación, cuando él mismo dice que una de las hipótesis es que sea la First Majestica la que está causando las afectaciones”, agregó Arteaga Domínguez.
Además, parece extraño
Reiteró que, de acuerdo a la ley, es la Secretaría de Economía la que debe hacer el estudio del suelo y las afectaciones de los inmuebles, y según los resultados, es la que tiene facultades para ordenar la suspensión provisional de las actividades de explotación minera, así como las medidas de seguridad que deben adoptarse, y en su caso, incluso, la suspensión definitiva de las labores mineras.
Por otro lado, la visita de inspección debe realizarse en presencia de las partes, quienes deben firmar el acta, según el ordenamiento legal de la Ley Minera, cuando no se ha citado a los representantes civiles para la realización de diligencia alguna. “Esto significa que, o no se ha realizado investigación alguna, o se está haciendo fuera de la legalidad”.
Exigió el FSSP que se le reconozca como la parte demandante, actora en el conflicto, y se les proporcionen copias certificadas de todo lo actuado. “Los protocolos y mecanismos de actuación no se activaron por sí solos, sino la denuncia de la población, por lo que exigimos que se nos tenga al tanto, documentalmente, de cada acción que al respecto efectúe el gobierno”.
Se pretende saber por qué se involucró a la Secretaría de Energía, “a menos que vayan a salir con que ahí hay petróleo o gas natural, lo cual sería peor, y si efectivamente se solicitó la colaboración de la UNAM para los estudios o son mentiras”.
También solicitaron que el cabildo y el presidente municipal de Chalchihuites “asuman su responsabilidad e interpongan la denuncia correspondiente ante la Secretaría de Economía; la ley Minera establece que cuando una explotación minera pone en riesgo la integridad física o la vida de los trabajadores y habitantes del lugar debe ser la autoridad local quien interponga la demanda ante la Secretaría de Economía”.
