Foto: Misael Camarillo / MIRADOR
Zacatecas, Zac.- El informe establece de manera muy clara cuáles son las deficiencias que tienen los penales y establecimientos penitenciarios, aunque se ha observado que hay voluntad política y disposición de las autoridades de Seguridad Pública y penitenciarias para ir solventando las observaciones que se han venido realizando, señaló la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos.
Agregó en entrevista que con el anuncio de la inversión de 10 millones de pesos para el tema, tanto para el Cerereso varonil de Cieneguillas como para otros centros penitenciarios distritales, se espera que se subsanen las observaciones en materia de infraestructura como respecto al tema del personal que hace falta a efecto de que se vaya contratando personal para seguridad y custodia como médico, de psicología, criminología y trabajo social.
“Esperamos que a partir de estos anuncios y observaciones se subsanen las deficiencias de manera paulatina a efecto de que se mejore el sistema penitenciario en busca de una auténtica reinserción social y que también se logre brindarles justicia a las víctimas.
Finalmente eso también es uno de los objetivos fundamentales del Sistema de Justicia Penal, del cual el tema penitenciario es el último eslabón. Por lo tanto, se requiere que las personas que han sido víctimas de un delito encuentren justicia, y para ello se requiere que quienes han sido sentenciados cumplan a cabalidad su condena en estancias en las que exista dignidad, ya que es un tema fundamental en cuanto a los derechos humanos”.
En el tema de los separos preventivos de las direcciones de seguridad pública municipal, en Zacatecas, una vez que se hicieron algunas observaciones a las instalaciones anteriores, se hizo un recorrido al inmueble construido en la colonia Europa, junto con el propio director de Seguridad Pública Municipal, y una vez que se hicieron las observaciones en materia de áreas y del sistema de videovigilancia y de las puertas y cerrojos, estos han sido subsanados a efecto de poder albergar a las personas detenidas por la infracción del reglamento gubernativo o del Bando de Policía y Buen Gobierno, dijo Domínguez Campos.
La presidencia municipal de Zacatecas y el director de seguridad pública municipal han ido subsanando las observaciones y se mudaron a las nuevas instalaciones. Por ahora “estamos revisando protocolos que deben ellos utilizar a la hora de la detención de las personas, tanto cuando se trate de jóvenes, de mujeres, de personas que tienen en ese momento alguna condición de enfermedad o una condición de estado etílico por el consumo de bebidas embriagantes; en los próximos días estaremos culminando la revisión para que se puedan, de manera rápida, implementar”.
En el tema específico del presunto suicidio de una mujer en los separos preventivos del municipio de Zacatecas, por presuntamente haber utilizado una parte de la cobija y ésta haber sido amarrada a los cerrojos para poder quitarse la vida, se inició por parte de la CDHEZ una investigación, una queja, de oficio. Igualmente, el Ministerio Público ha iniciado una carpeta de investigación a efecto de deslindar responsabilidades, advirtió la presidente.
Las observaciones habrán de hacerse efectivas en los separos de otros municipios, una vez que se haga la revisión correspondiente al año 2018.
Finalmente, hizo un exhorto a las autoridades para que se revise la infraestructura y las distintas áreas en el centro de internamiento juvenil, además de que se visualice a corto plazo, la implementación de un nuevo inmueble que cuente con las condiciones de seguridad, en virtud a que se considera que no reúne las condiciones de estándares internacionales para lograr la reinserción de los jóvenes y adolescentes que han tenido conflicto con la ley. Recordó que el régimen de atención a este grupo poblacional es distinto al que se aplica a las personas adultas que han cometido un delito.
Implica una serie de elementos a partir de la educación y el trabajo, ya que estas personas el máximo plazo que pueden estar privadas de su libertad, es de cinco años, lo que significa que son personas que deben ser reinsertadas a la sociedad, y la labor con ellas debe ser diferente.
