Por Josefina Casas Fernández / Foto: Misael Camarillo / MIRADOR / Segunda parte.
Zacatecas, Zac.- La doctora Sofía Cobo Téllez, Profesora Investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), manifestó su satisfacción con estados como Zacatecas por estar comprometidos con la especialización en el sistema de justicia para adolescentes.
Cobo Téllez, quien estuvo recientemente en Zacatecas, impartió el módulo “Ejecución de Medidas Cautelares en la Justicia Penal para Adolescentes” de la Especialidad en Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que imparte el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) a través de la Escuela Judicial.
En entrevista para este medio de información, luego de la instrucción a los operadores del sistema, comentó que en esta ocasión en la capacitación no solamente participaron operadores judiciales; asistieron también ministeriales y defensores, por parte de la Defensoría Pública.
“Por lo tanto –agregó-, lo que podemos percibir es que hay un interés absoluto por esta materia, por la especialización, y de hacer un mejor sistema de justicia para adolescentes”.
En ese sentido, dijo: “nuestro objetivo debe de ser vincular todo este proceso en una experiencia de legalidad, en una experiencia educativa para el adolescente, para que él en el futuro asuma ese proceso, esa experiencia, como una experiencia de legalidad, como una experiencia de justicia educativa y no justamente lo contrario”.
La investigadora del INACIPE destacó que uno de los grandes méritos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes “es que a partir de la entrada en vigor de esta ley nacional, en 2016, progresivamente como lo dijimos ya volteamos a ver el sistema y la verdad es que yo creo que vamos para adelante”.
Cobo Téllez además del interés de especializarse afirmó que la infraestructura de los Centros de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ), ha mejorado en comparación con los antiguos tutelares para menores infractores como se les solía llamar.
Al respecto expuso que en esta encuesta nacional se entrevistó a los adolescentes respecto a los servicios mínimos al interior “y la verdad es que los datos son alentadores”.
El 74.5 % de los adolescentes refieren que están debidamente clasificados entre procesados y sentenciados. El 77.7 % reconoció haber conocido su plan individualizado. El 93.5% está de acuerdo con el plan individualizado y con la forma en que se está aplicando la medida al interior de su centro penitenciario.
También, 89.2, casi 90%, sigue estudiando al interior de los centros y 66.5 está realizando un taller educativo a la par de sus estudios en algunos casos. Al mismo tiempo, 56.3 % refirió, está realizando actividades culturales al interior de los centros.
Agregó la especialista que, si bien es cierto, la ley también establece un nuevo modelo de ejecución de las medidas sancionadoras, las que de preferencia, no deben ser privativas de la libertad según el artículo 18 Constitucional, sino que deben ser alternativas a la privación de la libertad, pero justamente ya como un último recurso tienen que internarse a estos adolescentes por un tipo de delito que hayan cometido.
“Recordemos que es a la edad de 14 años en adelante quienes pueden ser internados, porque de 12 y 13 años no pueden ser privados de la libertad para proteger y garantizar los derechos del adolescente en lo referente a su desarrollo evolutivo, pues son personas en desarrollo.
Nosotros no podemos emitir actos de violencia y no podemos limitarlos en el desarrollo de sus habilidades psicosociales y educativas. Además, al interior de los centros se deben establecer estos modelos garantistas que empaten justamente con esta tendencia, no solamente educativa, sino también socializadora”.
Durante la entrevista con periodicomirador.com la investigadora del INACIPE, respecto a qué tanto están involucrados el estado los padres de familia y la sociedad con el bienestar de los adolescentes, dijo que al final en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes se establece un capítulo para la prevención del delito en adolescentes donde se habla de tres aspectos: prevención primaria, secundaria y terciaria.
“La prevención primaria es aquella que debe dirigirse a todos los adolescentes de nuestro país, cometan o no hechos ilícitos”.
La prevención secundaria es aquella que va dirigida a los adolescentes que se encuentran en una situación de riesgo. Puede ser marginación, riesgo familiar, abandono familiar y muchos tipos de conductas en riesgo, lo que incluye focalizar a esos grupos.
La prevención terciaria es aquella que va dirigida a los adolescentes que ya tienen una experiencia de haber cometido algún delito anteriormente. Entonces, va dirigida a la no reincidencia delictiva; ya cometieron un delito, entonces hay que trabajar en la no reincidencia delictiva”.
Subrayó un aspecto interesante: “se habla de un trabajo conjunto entre familia, sociedad, el sector educativo y el estado, quien debe está generando personal especializado, capacitando a sus operadores, monitoreando para tener un pulso de lo que pasa en el país, para saber dónde se están violentando y dónde no se está violentando para generar política pública”.
Cobo Téllez agregó que “el trabajo, el día a día, se hace entre familia, sociedad y escuela; son para mí los tres sectores importantes para la prevención, sobre todo primaria y secundaria, también terciaria pero primaria y secundaria principalmente, porque muchas veces a lo mejor el maestro o la maestra conocen muchas cosas que a veces los padres no se enteran de que ya puede haber un riesgo para la comisión de un hecho delictivo”.
Sin embargo, también comentó que esta tarea en ocasiones “la dejamos solamente la labor directamente a los padres de familia y la verdad es que las conductas de riesgo pueden ser cada vez mayores; también nosotros, como parte de la sociedad y como parte del sector educativo, debemos tener esa responsabilidad en conjunto y no solamente dejarle la responsabilidad directa los padres”.
Finalmente, dijo que “no es una labor individual o individualizada hacia los padres de familia de menores de edad, sino también hacia la sociedad en general y el estado también tiene que generar políticas públicas en favor de nuestra infancia y nuestra adolescencia, crear más espacios de recreación, crear programas culturales y deportivos para que los jóvenes no caigan en conductas de riesgo”.
