Zacatecas, Zac.-Después de haber resurgido el debate en torno a la figura del matrimonio igualitario, la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos comentó que el organismo a su cargo ha señalado de manera muy puntual que en este país se tiene que cumplir conforme a derecho con la legalidad; hay una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué es el más alto tribunal en esta materia, señalado de manera muy clara como inconstitucional aquellas disposiciones legales que hay en los estados y que establezca de manera específica el matrimonio tradicional.

“En virtud de ello, ha determinado que los estados deben de modificar sus códigos civiles familiares y las leyes correspondientes para que se adecue el marco constitucional y se puedan permitir ese tipo de matrimonios ese tipo de uniones”.

La responsabilidad está en este momento con los diputados a efecto de que revisen con puntualidad esta jurisprudencia y que en el ámbito de su competencia puedan llevar a cabo las reformas a los ordenamientos legales y locales, dijo.

“Seguramente los legisladores estarán analizando el tema a profundidad, estarán revisándolo y en su momento, cuando lo consideran oportuno, emitirán una postura específica que a ellos les corresponde”.

Por otro lado, manifestó que “tanto el ayuntamiento de Zacatecas como en el país se goza de una calidad muy específica qué es la autonomía municipal y en virtud de ello y en virtud también de su obligación a cumplir con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales; deben ajustarse sus actuaciones en el marco de estas. Eso significa que tiene la posibilidad de llevar a cabo acciones que beneficien a las personas”.

Respecto a la posición de la Comisión de Derechos Humanos de la Guardia Nacional, sostuvo que se suma “a la probable impugnación qué haría la CNDH en torno a esta reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, porque desde los organismos públicos defensores de los Derechos Humanos consideramos que esta reforma constitucional no está acorde con los estándares internacionales y las fuerzas armadas no deben interferir en las tareas de seguridad pública, sino que deben de circunscribirse a tareas de seguridad nacional.

Por el contrario, debe de fortalecerse los cuerpos policiacos civiles estatales, federales y municipales; además, debe de incidirse de manera muy importante en la prevención social de violencia y en la prevención social del delito. “Esta reforma constitucional no establece una temporalidad a partir de la cual el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México van a estar en las calles; por lo tanto, lo dejan abierto y esto nos parece a nosotros muy preocupante que no haya un plan estratégico definido a partir de cuánto tiempo estarán las fuerzas armadas en las calles”.

Agregó que no hay claridad respecto cuáles van a ser los niveles de coordinación entre la Guardia Nacional y los elementos policiacos civiles, es decir, hay una serie de dudas en torno a esta figura de la Guardia Nacional, por lo que debe de ser analizada con mayor profundidad.

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( ONU-DH), Jan Jarab, y todo un equipo de expertos han señalado de manera muy clara que debe analizarse a profundidad y que debe establecerse de manera puntual que la seguridad pública debe ser atendida por los cuerpos policiaco civiles. “Estos deben ser capacitados, fortalecidos, depurados y sobre todo deben de ser contemplados dentro de este Estado mexicano con los presupuestos correspondientes y este modelo de la Guardia Nacional va a ser beneficiaria de los presupuestos públicos y los otros elementos policiacos van a quedar en cierta medida desprotegidos, ya que no se plantea a la par de la guardia nacional plan integral de capacitación y de fortalecimiento de los cuerpos policiacos civiles”.

Sostuvo Domínguez Campos que “pareciera que se van a quedar olvidados, cuando sigue siendo obligación del estado como entidad federativa y la obligación de los municipios atender el tema de seguridad pública, porque la reforma constitucional no elimina la atribución o la facultad de la entidad federativa ni a los municipios de la seguridad pública.

Estaríamos avanzando a un modelo de militarización del país y por supuesto que no estamos de acuerdo, y por supuesto que nos sumamos y nos tomaríamos como Comisión Estatal de Derechos Humanos y como parte de la federación mexicana de Organismos Públicos Defensores de los Derechos Humanos, a interponer esta impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.