Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI

Zacatecas, Zac.- El día de hoy se cumplen 5 años del sismo de 2017, y 37 años del sismo de 1985, desastres que comparten la misma fecha. Se trata en ambos casos, de eventos que han marcado irreparablemente a familias, comunidades, ciudades y por supuesto, a todo nuestro país.

El apoyo a los damnificados por desastres naturales debe ser no solo una prioridad, sino una responsabilidad del gobierno que atiende y acompaña a sus ciudadanos en momentos de desastre. Entendámoslo, la ciudadanía, y en especial las y los damnificados, pide conocer cómo fueron empleados dichos recursos, transparentar el gasto para que la ayuda llegue directamente a los afectados y que este proceso no sirva para ensanchar los bolsillos de unos cuantos. Se trata de cumplir a cabalidad una responsabilidad con transparencia, con políticas claras e indudablemente, con rendición de cuentas.

Hasta julio de este año, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, uno de los diversos programas y fideicomisos de reconstrucción en el país que ejerce presupuesto público, ha comprometido un gasto de cerca de 8 mil 335 millones 210 mil 650 pesos, de acuerdo con su canal institucional^[1]; solicitando para el próximo año más de 4 mil millones de pesos^[2] adicionales para poder continuar con este proceso de reforzar, reparar viviendas dañadas y desarrollar otras nuevas para personas afectadas. Y esto tan sólo en la Ciudad de México.

Estos recursos, al ser parte del presupuesto, requieren transparentarse y documentarse hasta el último peso sobre su ejercicio final. Se debe evitar a toda costa que las contribuciones de todas y todos se ejerzan bajo opacidad o malas prácticas^[3]. Es pues, evitar que la corrupción dañe los programas de reconstrucción.

Desde 2017 el INAI ha invitado a todos los niveles de gobierno a seguir una serie de acciones para fomentar una reconstrucción abierta, apegada siempre al principio de máxima publicidad de la información en beneficio de la sociedad. Por ello, transparentar cada uno de los procesos de contratación relacionados con la reconstrucción es fundamental para cerrar espacios a la opacidad. Además, de forma proactiva la ciudadanía debe contar con esta información, e incluso en datos abiertos, para impulsar propios análisis ciudadanos.

Y es que el interés es real. Al hacer una consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia y colocar el término “Sismo 2017” encontramos 38 mil 470 registros, de los cuales 24 mil 425 corresponden a información pública, 14 mil 19 a solicitudes de información y 26 a quejas de respuestas. En cuanto a las solicitudes, la Ciudad de México (9 mil 966), la Federación (2 mil 297) y Puebla (695) cuentan con el mayor número. Tan solo por citar una pregunta, una persona pidió conocer “la cantidad exacta de “los gastos por reconstrucción erogados por los sismos del 7 y 19 de septiembre”; otra persona pidió conocer la cantidad, desglosada por familia, de “los apoyos otorgados para damnificados afectados por los sismos”. Sin duda, la sociedad tiene interés en conocer.

La transparencia y la rendición de cuentas es y será siempre el componente de mayor firmeza y resistencia en la construcción de cualquier política pública. El transparentar las decisiones, así como el destino del presupuesto público, nos permite dar certeza a la sociedad, al iniciar procesos plenamente democráticos de análisis y evaluación para la integración de ideas y soluciones que aporten una mayor cantidad de beneficios para la población.

@JulietDelrio

^[1] https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/fideicomiso

^[2] https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/comision-para-la-reconstruccion-solicita-4-mil-mdp-para-viviendas-afectadas-del-19s-7441898.html

^[3] https://www.animalpolitico.com/2022/05/miguel-angel-vazquez-exsubsecretario-prision-preventiva/