Por: Dra. Norma Julieta del Río

El caso Meta y Cambridge Analytica vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas que más preocupa en México: ¿quién tiene nuestros datos y con qué autorización los utiliza?

Casi una década después del escándalo de Cambridge Analytica, un jurado de Nuevo México, Estados Unidos, vuelve a colocar a Meta en el centro de una discusión que no ha perdido vigencia: la protección de los datos personales y el poder que puede adquirirse cuando millones de datos son recopilados, cruzados y utilizados para conocer e incluso intentar influir en el comportamiento de las personas.

El pasado 25 de septiembre, un jurado en Santa Fe, Nuevo México, determinó que Facebook, propiedad de Meta, realizó declaraciones falsas o engañosas a consumidores sobre la manera en que recopilaba, protegía, compartía y utilizaba su información personal. El jurado consideró que existieron más de 43.8 millones de violaciones a la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México.

El antecedente es conocido. Cambridge Analytica, una consultora política, obtuvo información de millones de usuarios de Facebook a través de una aplicación de terceros. Esos datos fueron utilizados para elaborar perfiles y estuvieron vinculados con actividades de publicidad política durante las elecciones estadounidenses de 2016. El caso se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de los riesgos que existen cuando la información personal termina siendo utilizada con fines distintos de aquellos que una persona tenía en mente al momento de proporcionar sus datos.

Los datos personales no son simplemente información. Son información sobre personas. Nuestras búsquedas, contactos, ubicación, preferencias y actividad digital pueden construir perfiles extraordinariamente detallados sobre quiénes somos.

En el ámbito comercial, esos perfiles pueden utilizarse para ofrecernos publicidad cada vez más dirigida. Pero cuando esos mismos datos entran en el terreno político, la dimensión cambia. Ya no se trata solamente de saber qué producto queremos comprar, sino de conocer qué temas nos preocupan, qué mensajes llaman nuestra atención o qué contenido puede resultar más persuasivo.

Por eso, el caso Meta debería ser también una llamada de atención para México. No solamente por lo ocurrido en Estados Unidos, sino por situaciones mucho más cotidianas que pueden estar ocurriendo aquí.

Durante las campañas electorales, muchas personas hemos recibido llamadas de call centers y empresas que realizan encuestas o buscan conocer preferencias electorales. Y entonces surge una pregunta sencilla, pero fundamental: ¿de dónde obtuvieron nuestros datos?

Si una persona nunca proporcionó su número telefónico para recibir ese tipo de llamadas, tiene derecho a preguntarse quién lo entregó, con qué autorización fue recabado y bajo qué fundamento está siendo utilizado. ¿Fue proporcionado directamente por una candidatura, un partido o un equipo de campaña? ¿Forma parte de una base de datos adquirida por una empresa? ¿Fue obtenido de una fuente pública? ¿O circula entre distintos particulares sin que las personas conozcan su origen?

No podemos dar por hecho una respuesta sin una investigación que la acredite. Pero precisamente por eso hay que investigar.

Porque una cosa es que una persona proporcione voluntariamente sus datos para una finalidad determinada y otra muy distinta es que terminen en manos de terceros para fines que nunca autorizó. No se trata solamente de la molestia que genera recibir una llamada no solicitada; se trata, sobre todo, de privacidad, consentimiento y control sobre nuestra información personal.

La propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó el 24 de septiembre que investiga la presunta venta de más de 12.9 millones de registros con datos personales en posesión de diversos call centers. El dato obliga a mirar más allá de quien realiza la llamada: también es necesario conocer de dónde provino esa información, quién la proporcionó, con qué finalidad fue recabada y bajo qué condiciones puede utilizarse.

Aquí conviene hacer una distinción importante: una cosa es la regulación de las encuestas y otra, igualmente relevante, es la protección de los datos personales de las personas que son contactadas. Que un número telefónico pueda encontrarse en algún registro o fuente pública no significa que pueda utilizarse de manera indiscriminada para cualquier finalidad.

Cambridge Analytica nos enseñó que millones de datos aparentemente aislados pueden convertirse en perfiles con un enorme valor político. Las llamadas que recibimos en México plantean una pregunta mucho más cercana: ¿de dónde salió mi dato y quién decidió que podía utilizarse para contactarme?

Si no fui yo quien lo proporcionó para esa finalidad, es necesario saber quién lo recabó, con qué propósito, quién lo transfirió, quién lo adquirió y bajo qué fundamento se realizó ese tratamiento de datos. La respuesta no puede quedar en la especulación.

Y esto no solamente debe preocuparnos durante una campaña electoral. Vivimos en una época en la que nuestros datos se han convertido en uno de los activos más valiosos. Cada llamada, cada registro, cada aplicación que utilizamos y cada formulario que llenamos puede generar información sobre nosotros.

El desafío consiste en que la tecnología avance sin que nuestros derechos queden rezagados. La privacidad no puede convertirse en la letra pequeña de la transformación digital, y mucho menos en el costo invisible de participar en una democracia.

El caso de Meta y Cambridge Analytica dejó una lección que sigue vigente: los datos personales pueden convertirse en poder cuando se concentran, se cruzan y se utilizan para conocer mejor a las personas.

Por eso, más que señalar de antemano a un responsable, necesitamos respuestas verificables: quién tiene nuestros datos, de dónde los obtuvo, para qué los utiliza, a quién los ha transferido y, sobre todo, con qué autorización.

Porque en una democracia, el derecho a participar no debería implicar renunciar al derecho a la privacidad.