Zacatecas, Zac.- El incremento de 3.2 por ciento al subsidio federal ordinario representa un apoyo para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), principalmente para hacer frente a la inflación; sin embargo, no es suficiente para resolver el déficit financiero histórico que enfrenta la institución, señaló el coordinador de Planeación, Juan Armando Flores de la Torre.
“Ese incremento, por supuesto, favorece en parte a la institución, pero únicamente para solventar la inflación. En términos reales, podríamos decir que la cuestión deficitaria que maneja la institución de forma histórica no se puede resolver con un incremento de esta naturaleza”, precisó.
Ante este panorama, la universidad trabaja en la revisión de sus necesidades financieras y en la definición de medidas que permitan atender sus compromisos económicos sin afectar las funciones sustantivas de la institución.
Flores de la Torre señaló que uno de los aspectos centrales es revisar el crecimiento institucional y garantizar que la plantilla de personal corresponda a las necesidades académicas y administrativas de la universidad, que atiende a alrededor de 40 mil estudiantes.
“Necesitamos demostrar que tenemos una plantilla que atiende a todas las necesidades de los 40 mil jóvenes y que no está inflada”, puntualizó.
En ese sentido, indicó que es necesario ordenar el crecimiento de la institución y procurar que, antes de ampliar su estructura, se cuente con los recursos suficientes para cubrir las necesidades de operación de cada año. Cualquier expansión futura deberá planearse y acordarse con los gobiernos estatal y federal, de manera que el incremento de las actividades universitarias tenga el respaldo presupuestal correspondiente.
Este escenario también está relacionado con las cuotas que cubre el alumnado. El coordinador de Planeación recordó que las y los estudiantes pagan 70 pesos por concepto de inscripción, además de una cuota destinada a los gastos de operación de sus respectivas unidades académicas. Se trata de aportaciones accesibles que mantienen a la UAZ entre las universidades con costos más bajos del país, por lo que su funcionamiento depende principalmente de los subsidios estatal y federal.
Para revisar las condiciones financieras de la universidad y proponer alternativas, el rector Ángel Román Gutiérrez estableció el Consejo Operativo de Planeación, integrado por la Secretaría General, la Secretaría Académica, la Secretaría Administrativa y la Coordinación de Planeación.
Este órgano trabaja en la revisión de medidas a corto, mediano y largo plazo, considerando que los periodos administrativos son de cuatro años y que las decisiones deben contemplar tanto las necesidades inmediatas como la viabilidad financiera de la institución.
Entre los aspectos que se analizan se encuentran el gasto institucional, la apertura de nuevos programas y la diversificación de la oferta educativa. El coordinador recordó que, históricamente, el crecimiento de la UAZ también ha dependido de recursos extraordinarios que se suman al subsidio ordinario; por ello, cuando estos apoyos no están disponibles, resulta necesario valorar alternativas más complejas para mantener la operación universitaria.
Como parte de este ejercicio, la semana pasada se presentó ante el Consejo Universitario un diagnóstico sobre el costo de los distintos tipos de personal que integran la institución, así como la cobertura de cada una de sus prestaciones, conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo financiero.
Flores de la Torre destacó que las medidas que se definan deben respetar las funciones esenciales de la universidad: docencia, investigación y extensión. Por ello, las decisiones administrativas y financieras no deben repercutir en el desarrollo de las clases ni contravenir las disposiciones del contrato colectivo de trabajo.
Respecto a la posibilidad de incrementar las cuotas de inscripción, el coordinador de Planeación aclaró que, por el momento, no existe una propuesta en ese sentido.
“En estos momentos no se va a alterar las cuotas que cubren las y los jóvenes universitarios”, afirmó, al precisar que un aumento no está considerado actualmente entre las medidas que se encuentran sobre la mesa.
En cuanto al proceso presupuestal, explicó que la semana pasada el anteproyecto de presupuesto fue presentado y avalado por el Consejo Universitario, para convertirse en el proyecto que se entregó a la Secretaría de Finanzas el 30 de septiembre.
La definición del presupuesto estatal dependerá de la aprobación que realice la Legislatura local, prevista hacia diciembre. En el ámbito federal, el proyecto presupuestal se analiza en el Congreso de la Unión durante noviembre, por lo que será necesario esperar a que se conozcan los montos autorizados por ambos órdenes de gobierno.
En el caso del subsidio federal, se contempla una estimación de alrededor de 2 mil 30 millones de pesos. No obstante, la certeza sobre esa cantidad dependerá de la aprobación presupuestal correspondiente. Como parte del calendario institucional, en enero está programada la firma del anexo de ejecución del convenio de apoyo financiero por parte del rector.
Una vez que se conozcan los montos definitivos de los subsidios estatal y federal, durante enero y febrero se trabajará en la integración del presupuesto universitario y en la posible reasignación de recursos, para posteriormente presentar la propuesta ante el Consejo Universitario.
El coordinador destacó que, por instrucción del rector Ángel Román Gutiérrez, este proceso se desarrolla con la participación de la comunidad universitaria a través de sus representantes ante el máximo órgano de gobierno de la institución.
Finalmente, externó que a partir de la disponibilidad presupuestal también se definirá un plan de austeridad, que deberá ser sometido a la aprobación del Consejo Universitario. Las medidas buscarán reducir gastos y contribuir a la atención de los compromisos financieros de la universidad, siempre bajo el criterio de no comprometer las actividades de docencia, investigación y extensión.
De esta forma, la estrategia de planeación financiera mantiene como prioridad revisar las distintas alternativas administrativas y presupuestales disponibles para atender la situación económica de la Universidad, a partir de los recursos que finalmente sean asignados para el próximo ejercicio.