Por: Dra. Norma Julieta del Río
Zacatecas, Zac.-La sociedad necesita secretarios, directores y funcionarios públicos preparados, con visión, capacidad de gestión y una idea clara de hacia dónde quieren llevar a sus estados. La administración pública no es un juego ni un espacio para la simulación, la improvisación o el conformismo. Es una responsabilidad que impacta directamente en la vida de millones de personas.
Necesitamos servidores públicos que conozcan los problemas de su territorio, pero que también sepan identificar sus oportunidades; que entiendan sus carencias, pero que no se resignen a ellas; que reconozcan la riqueza de su tierra y tengan la capacidad de convertirla en empleos, inversión, infraestructura, educación y mejores condiciones de vida.
Gobernar no es administrar las carencias de la gente: es generar las condiciones para que pueda superarlas.
Durante demasiado tiempo, en distintos espacios de la vida pública, se ha confundido la sensibilidad social con la idea de que las personas deben depender indefinidamente de la ayuda gubernamental. La protección social es indispensable, especialmente para quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad, pero debe acompañarse de educación, capacitación, empleo digno, acceso al financiamiento y oportunidades para emprender.
No se trata de abandonar a quien menos tiene, sino de evitar que la pobreza se convierta en un destino permanente. La responsabilidad del Estado no termina con la entrega de un apoyo; también consiste en construir caminos para que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida.
Necesitamos funcionarios con preparación, no con simulación.
Un buen funcionario no se define por su origen económico ni por el tamaño de su cuenta bancaria. Se define por sus capacidades, su honestidad, su preparación, sus resultados y su compromiso con el interés público. Tampoco debemos confundir la austeridad con la falta de preparación ni convertir la precariedad en una virtud política.
No necesitamos funcionarios pobres; necesitamos funcionarios honestos, profesionalizados, con independencia de criterio y visión para generar prosperidad. Personas que comprendan cómo se produce la riqueza, cómo se atrae inversión, cómo se impulsa el talento y cómo se administra responsablemente el dinero público. También es importante que cuenten con condiciones laborales dignas y una remuneración acorde con sus responsabilidades, sin que ello sustituya la obligación de actuar con honestidad y rendir cuentas. Un salario justo no garantiza la integridad, pero la integridad sí debe exigirse a quien administra los recursos de todos.
La preparación académica importa, pero no basta por sí sola. También se requieren experiencia, conocimiento técnico, capacidad para resolver problemas, sensibilidad social y disposición para rendir cuentas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado la importancia de los sistemas de selección basados en el mérito y en criterios objetivos para fortalecer la integridad y el desempeño de las instituciones públicas. No se trata de llenar oficinas con títulos, sino de colocar a las personas adecuadas en los puestos donde sus capacidades puedan traducirse en resultados.
La riqueza de un estado debe convertirse en bienestar. Pensemos en los territorios que cuentan con tierras productivas, recursos naturales, patrimonio cultural, talento joven, vocación turística y posibilidades industriales. ¿Por qué algunos no consiguen transformar esas ventajas en mejores ingresos, empleos formales y oportunidades para sus habitantes?
La respuesta no depende de un solo factor. Influyen la infraestructura, la educación, la seguridad, el acceso al crédito, la inversión y las condiciones económicas. Sin embargo, también importa la calidad de las decisiones públicas y la capacidad de quienes tienen la responsabilidad de tomarlas.
Un funcionario con visión no se limita a repartir apoyos o administrar presupuestos. Diseña estrategias, establece metas, convoca a los sectores productivos, identifica oportunidades y evalúa resultados. Entiende que el desarrollo no se consigue con discursos, sino con políticas públicas que funcionen. Por eso, el éxito de una administración no debe medirse únicamente por cuánto gasta, sino por lo que ese gasto transforma en la vida de las personas.
Superar la pobreza exige oportunidades, no resignación. Hay una diferencia profunda entre acompañar a quien necesita apoyo y convencerlo de que no puede aspirar a algo mejor.
La responsabilidad del Estado es garantizar derechos, proteger a quienes enfrentan mayores dificultades y construir condiciones para que cada persona desarrolle sus capacidades. Esto implica ofrecer educación de calidad, formación para el trabajo, acceso a empleos dignos y condiciones que permitan emprender. No podemos pedirle a una familia que salga adelante si carece de servicios básicos, educación adecuada u oportunidades laborales. Pero tampoco podemos conformarnos con políticas públicas que no evalúan si realmente contribuyen a romper los ciclos de pobreza.
La movilidad social requiere esfuerzo individual, sí, pero también instituciones que permitan que ese esfuerzo dé frutos. El mérito pierde sentido cuando las oportunidades están cerradas de antemano. Por eso, una política social responsable no contrapone la asistencia al trabajo: protege a quienes lo necesitan y, al mismo tiempo, amplía sus posibilidades de alcanzar autonomía económica.
La calidad de vida también es una aspiración legítima.
Trabajar, prepararse, emprender, prosperar y alcanzar una vida digna no debería ser motivo de sospecha ni de reproche. Aspirar a mejorar las condiciones propias y las de la familia es legítimo y forma parte del desarrollo humano.
Quien se esfuerza por salir adelante también puede convertirse en generador de empleos, promotor de oportunidades y referente para otras personas. La prosperidad individual, cuando se construye de manera legal y responsable, puede contribuir al bienestar colectivo.
Por supuesto, existe una diferencia entre prosperar mediante el trabajo y enriquecerse aprovechando un cargo público. La primera es una aspiración legítima; la segunda, cuando implica abuso de poder o corrupción, debe investigarse y sancionarse. Necesitamos instituciones capaces de distinguir entre el éxito obtenido con esfuerzo y el beneficio indebido conseguido desde el poder.
Los estados no pueden resignarse a vivir permanentemente de sus carencias. Necesitan gobiernos que crean en sus posibilidades, funcionarios que conozcan sus capacidades y políticas públicas que permitan aprovecharlas. La ciudadanía tiene derecho a exigir perfiles profesionales, decisiones sustentadas, presupuestos bien utilizados y resultados verificables.
Los cargos públicos no son premios, espacios para pagar favores ni oportunidades para aprender a costa de la sociedad. Quien acepta una responsabilidad de gobierno debe contar con las competencias necesarias para ejercerla y con la disposición para seguir preparándose. La lealtad política nunca debería estar por encima del interés público.
No necesitamos funcionarios que le expliquen a la gente por qué no puede salir adelante. Necesitamos funcionarios que trabajen para que tenga las herramientas, las oportunidades y las condiciones necesarias para lograrlo.
Gobernar con visión significa mirar más allá de la próxima elección. Significa construir un estado donde las nuevas generaciones no tengan que conformarse con sobrevivir, sino que puedan aspirar a vivir mejor.
La verdadera responsabilidad de un gobierno no es generar una dependencia permanente de sus decisiones, sino fortalecer las condiciones para que las personas desarrollensus capacidades, alcancen autonomía y construyan su propio futuro.
La pobreza debe ser una realidad que trabajemos para superar, no una condición ante la que la política nos invite a resignarnos. La administración pública debe abrir oportunidades, impulsar el desarrollo y generar resultados; nunca conformarse con administrar la pobreza ni convertirla en una forma de control.