Por: Dra. Julieta del Rio Venegas
Zacatecas, Zac.-Cuando se habla de contratos públicos por miles de millones de pesos, la discusión no puede limitarse a conocer qué empresa recibió los recursos o cuánto dinero se le pagó. Es necesario saber cómo se tomaron las decisiones, quiénes intervinieron, qué intereses pudieron estar involucrados y, sobre todo, si los mecanismos de vigilancia funcionaron.
El caso Broxel reúne todos estos elementos y plantea interrogantes que no pueden quedar sin respuesta. Ayer, en entrevista con Gabriela Warkentin y Nayeli Roldán, en W Radio, abordamos este tema, que podría revelar algo mucho más amplio que una controversia por contratos millonarios: la posible existencia de una red de relaciones empresariales, financieras y de servidores públicos que debe investigarse a fondo.
Una vez más, fue el periodismo de investigación, particularmente el trabajo de El Universal y de Nayeli Roldán, el que puso sobre la mesa información que obliga a las autoridades a seguir la ruta del dinero, revisar los contratos y esclarecer quiénes tomaron las decisiones.
Servicios Broxel obtuvo contratos con más de 150 instituciones públicas federales para suministrar vales electrónicos de despensa. Los montos reportados oscilaron entre 6 mil 928 y 9 mil 751 millones de pesos. También se identificaron contratos con el Gobierno de la Ciudad de México.
Sin embargo, el problema no termina en las cifras. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió sobre pagos en exceso derivados de contratos celebrados bajo condiciones distintas a las originalmente ofertadas. Además, se reportaron aproximadamente 29.4 millones de pesos pendientes de reintegro a 39 instituciones públicas.
A esto se suman posibles conflictos de interés relacionados con vínculos familiares entre el representante legal de la empresa y un servidor público de la Secretaría de Hacienda, quien también tuvo responsabilidades directivas en Bancomext.
El parentesco existe. Lo que debe esclarecerse es si hubo intervención en decisiones que pudieran beneficiar intereses particulares, si los vínculos fueron debidamente declarados y si se cumplieron las obligaciones de transparencia y excusa previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Otro elemento que merece especial atención es la solicitud de financiamiento por hasta 4 mil 200 millones de pesos a la banca de desarrollo, en una operación que involucraba a Nacional Financiera y Bancomext. ¿Cómo se evaluó esa solicitud mientras existían observaciones sobre contratos, reintegros pendientes y posibles conflictos de interés? ¿Qué criterios se utilizaron y quiénes participaron en las decisiones?
También está la relación de Broxel con la Cámara de Diputados. La Auditoría Superior de la Federación revisó contratos de vales de despensa por montos millonarios. A ello se suma la controversia por los monederos electrónicos entregados a legisladores de Morena. Son asuntos que deben analizarse por separado, pero que comparten una exigencia: transparentar el origen de los recursos, los procedimientos de contratación y el fundamento legal de cada operación.
¿Estamos ante otra posible red de corrupción empresarial y financiera que involucra a servidores públicos? Es una pregunta que las autoridades deben responder con investigaciones, documentos y resultados, no con declaraciones.
Es indispensable revisar quién convocó, quién adjudicó, quién autorizó los pagos, quién modificó las condiciones contractuales, quién supervisó y quién permitió que existieran recursos pendientes de reintegro. También hay que seguir los vínculos empresariales y familiares, identificar a los beneficiarios finales de las operaciones y determinar si hubo tráfico de influencias o beneficios indebidos.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Se trata de exigir que se investigue a todos, sin importar sus relaciones políticas, económicas o institucionales. La ley debe aplicarse sin excepciones ni privilegios.
El caso Broxel vuelve a demostrar la importancia de seguir la ruta del dinero. No basta con identificar a las empresas que reciben contratos públicos; también hay que conocer quiénes están detrás de ellas, cómo se estructuran sus operaciones, quiénes son sus beneficiarios finales y hacia dónde terminan los recursos. Las relaciones empresariales no pueden convertirse en mecanismos para diluir responsabilidades ni para ocultar el destino del dinero público.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y, cuando corresponda, las autoridades de procuración de justicia tienen una responsabilidad que no puede limitarse a abrir expedientes. Deben investigar, deslindar responsabilidades y, si existen elementos, sancionar.
No hacen falta más leyes; hace falta aplicar las que ya tenemos. Eso deben entenderlo quienes ejercen el poder y, particularmente, las y los legisladores, que tienen la obligación de vigilar el uso de los recursos públicos y no de normalizar prácticas que puedan comprometer su transparencia.
El dinero público no pertenece a los funcionarios ni a los empresarios que contratan con el gobierno. Pertenece a la ciudadanía y debe administrarse con legalidad, honestidad y absoluta transparencia.
Pero las preguntas siguen en el aire: ¿quién tomó las decisiones, quién se benefició y quién va a responder?
Porque cuando las relaciones empresariales, los contratos públicos y las decisiones financieras se cruzan con el poder, la transparencia deja de ser una opción y se convierte en una obligación.
