Zacatecas, Zac.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación derivada del expediente CEDH/240/2011 al Presidente Municipal de El Salvador, Zacatecas, por actos violatorios de derechos humanos, cometidos por Agentes de Seguridad Pública a su cargo.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de mayo, cuando el Quejoso se encontraba en el casino de la comunidad, y se percato de una discusión entre personas que conocí­a, se acercó para intentar separarlos, y llegaron al lugar varios policí­as preventivos para arrestarlo, “sacándolo de los pies del recinto”.

En su querella el Agraviado indicó que los elementos le colocaron las esposas y le golpearon la cara, uno de los uniformados lo tomo del cuello apretándolo “estando a punto de asfixiarlo”. Fueron amigos del Quejoso quien lo auxiliaron para que los policí­as lo dejaran de golpear, y posteriormente escucho detonaciones.

En el informe que rindió el Edil Municipal, señaló que cuando sacaron al quejoso del Auditorio, se rehusaba a que lo esposaran y fue él mismo quien se lesiono.

Este Organismo Tutelador de Derechos Humanos analizó la actuación de los Elementos de Seguridad Pública, y advierte una Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, en la modalidad de Lesiones.

Por lo que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos emite la recomendación, para que en su calidad de superior Jerárquico de los servidores públicos involucrados en los hechos, instruya al í“rgano de control interno del Ayuntamiento, para que inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra de los Agentes de Seguridad Pública de ese Municipio, que intervinieron en estos hechos como responsables de violentar los derechos humanos del el Quejoso, e imponga a los mismos las sanciones a que se hayan hecho acreedores de acuerdo y en congruencia con el grado de responsabilidad de la acción cometida.

Asimismo gire indicaciones a quien corresponda, para que instruya, como medida preventiva a todo el personal adscrito a esa Dirección de Seguridad Pública, para que invariablemente se sujete en su actuar al principio de legalidad y certeza jurí­dica, a favor de los ciudadanos, generando con ello una cultura del respeto a los Derechos Humanos.