Redacción / www.periodicomirador.com

Zacatecas, Zac.- El Contralor Interno del Gobierno del Estado, Guillermo Huí­zar Carranza, calificó de legal pero injusta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de concederle un amparo a la ex gobernadora Amalia Garcí­a Medina, ya que por la gravedad de las irregularidades que cometió, sí­ procederí­a su inhabilitación y una acción resarcitoria.

En entrevista radiofónica, Huí­zar Carranza afirmó que “estamos nuevamente frente al conflicto histórico entre la legalidad y la justicia”, porque las

tres observaciones puntuales, son irregularidades delicadas y es la actuación la que tuvo Amalia la que explica el endeudamiento que tiene Zacatecas en estos momentos.

Cuestionó el hecho de que la ex gobernadora, en lugar de reconocer que efectivamente cometió esas irregularidades, se amparó ante la Corte Federal para no dar explicaciones sobre su actuación y esas tres graves irregularidades que cometió, que fueron haber obtenido un crédito con Banamex, supuestamente  a corto plazo y no haberlo pagado, haber ampliado los presupuestos de las dependencias sin haber recursos en el gobierno y haber autorizado dinero para créditos personales.

Esas tres irregularidades nunca fueron contestadas, reiteró, por el contrario, argumentó que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos era inconstitucional, porque le faltaba una firma.

Huí­zar Carranza agregó que la SCJN le concede un amparo a Amalia Garcí­a con consecuencias que nadie conoce, porque no han sido notificadas, ya que lo único que se conoce es lo que dijeron los magistrados en la sesión de la corte, así­ que nadie sabe para efectos de qué y hay muchas versiones en ese sentido.

Subrayó que éste, no es un asunto de obsesión o de ganas de perjudicar a nadie, sino que “es nuestra obligación buscar alternativas jurí­dicamente procedentes que no dejen pasar esas tres irregularidades”.

El Contralor Interno aseguró que quienes lo han hecho responsable director de la resolución de la corte, están equivocados, ya que es producto de un error cometido hace diez años, en la publicación de una ley donde se omitió estampar una firma. Aseveró que “pierden de vista que nunca en un tribunal o juicio han sido cuestionadas las acciones de la Contralorí­a y la acción del SCJN no tiene nada qué ver con mi trabajo sino con una ley que fue publicada hace 10 años”.

Agregó además que para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a presentarse, ya está lista la iniciativa para una nueva Ley de Responsabilidades, una ley, que dijo, será más moderna y más propicia para los tiempos actuales, la cual será enviada al Congreso del Estado el próximo periodo ordinario de sesiones.

Reconoció además que “si hubiese tenido responsabilidad directa en el juicio que ampara a Amalia Garcí­a, hubiese renunciado, pero no fue así­, es un error de una ley publicada hace 10 años y del que todos vamos a pagar las consecuencias”.

Por otra parte, respecto a Ciudad Gobierno, Guillermo Huí­zar señaló que las condiciones que se implementaron en el contrato PPS son inalcanzables y que se siguen buscando alternativas para resolver este asunto.

Dijo que son ya casi tres meses haciendo negociaciones que no han sido fáciles y se quiere encontrar la mejor solución, aunque sí­ destacó que si no se encuentra la manera de conciliar con los inversionistas, “presentaremos una demanda para dar por terminada en forma anticipada ese contrato. Queremos iniciar el 2012 con una perspectiva diferente, por lo que si se levanta la mesa de negociación tendremos qué demandar”.