Violaciones a DH deben castigarse ante tribunales civilesÂ
Por Anayeli García Martínez
México, DF, CIMAC).- Un grupo de organizaciones e instituciones académicas de Estados Unidos, Suiza, Colombia, Argentina y Perú presentaron cuatro Amicus Curiae (argumentos escritos) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para señalar la necesidad de limitar el fuero militar.
De esa manera, activistas y expertos juristas pretenden incidir en el análisis que mañana inicia el alto tribunal sobre 26 casos que se refieren a la competencia del fuero castrense, con lo cual se podría determinar que los militares acusados de violar Derechos Humanos (DH) siempre deben ser juzgados en tribunales civiles.
En conferencia de prensa, los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Tlachinollan informaron que los Amicus Curiae exponen los criterios establecidos por el derecho internacional en casos en los que se juzga a miembros de las fuerzas armadas como responsables.
Los Amicus Curiae realizados por especialistas de la Universidad de Stanford y Harvard, la Comisión Internacional de Juristas de Suiza, y organizaciones expertas en estudios legales de Colombia, Perú y Argentina explican la incompatibilidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar de México con los tratados internacionales.
Asimismo en los documentos, que no tienen efecto legal en la decisión de las y los ministros, se menciona que ningún ordenamiento jurídico de Colombia, Argentina y Perú considera aceptable que la justicia militar investigue y juzgue casos que involucran violaciones a DH de civiles.
De acuerdo con Santiago Aguirre, abogado de Tlachinollan, el máximo tribunal podría sentar jurisprudencia vinculante, es decir, establecer las bases para que en adelante los militares acusados de violaciones a DH sean juzgados en tribunales civiles y no en tribunales donde los efectivos castrenses son juez y parte.
Aunque la SCJN se pronunció a favor de la restricción del fuero militar en el expediente Varios 912/2010 âreferente al líder social Rosendo Radilla, desaparecido presuntamente por militares en 1974â, esta vez podría evitar que los mandos militares cuestionen la obligatoriedad de este criterio.
El abogado explicó que en cuatro sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) exhortó al Estado mexicano reformar el artículo 57 que en la actualidad establece cuáles son los delitos contra la disciplina militar que deben ser juzgados en tribunales castrenses.
Dos de estas sentencias se refieren a la violación sexual de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas por militares en 2002 en Guerrero. A su vez ambas sentencias están a la espera de ser analizadas por el máximo tribunal en próximos días.
En el caso de las sentencias se espera que la Suprema Corte realice un análisis similar al que hizo en caso Radilla pero que establezca criterios con perspectiva de género y etnia.
Por la relevancia de la actual discusión, también se anunció que las víctimas y sus representantes acudirán a la sede de la SCJN para presenciar el debate y evidenciar que los tribunales militares no son independientes ni conducen a la justicia.
A la sesión se prevé que asista la familia de Bonfilio Rubio Villegas, indígena ejecutado por militares en un reten en Guerrero, en 2009; de Jethro Ramsés, un joven ingeniero detenido, torturado, asesinado y enterrado por soldados en Morelos, en 2011, y de Otilio Cantú, asesinado por militares en Nuevo León, en 2011.