La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución dictada por la Primera Sala de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional (PAN), la cual a su vez revocó la diversa emitida por la Comisión Electoral Estatal de dicho partido en Zacatecas, que había declarado procedente el registro de Cuauhtémoc Calderón Galván como precandidato a diputado local por el principio de mayoría relativa para el distrito electoral II del referido estado.

Los magistrados determinaron estudiar el fondo del asunto, ya que obligar al demandante al agotamiento de los medios de impugnación ordinarios podría tener como consecuencia la merma de los derechos presuntamente conculcados del actor.

Asimismo, estimaron que quedó demostrado en autos que la sanción fue impuesta al enjuiciante el cuatro de noviembre de dos mil once, por lo cual resultó evidente que no encuadra en el estricto supuesto de la norma partidista impugnada de no haber sido sancionado por alguna de las comisiones de justicia del partido un año antes del día de la elección de candidatos y por consiguiente su aplicación no debe provocarle perjuicio alguno.

En consecuencia, esta Sala Regional Monterrey ordenó a la Comisión Electoral Estatal de Zacatecas del PAN que deje subsistente la declaración de procedencia de la solicitud de registro de precandidato expedida a favor de Cuauhtémoc Calderón Galván el nueve de febrero del año en curso.

En otro asunto, el Pleno revocó el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, en el cual se declaró improcedente la solicitud de registro de Raúl García Vivián como aspirante a participar en el proceso de selección de fórmulas de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional en el Estado de Tamaulipas.

Lo anterior al considerar que le asiste la razón al quejoso, ya que no existe la resolución en la que no se autorizó al promovente para participar en el cargo de elección popular en mención, misma que es necesaria por no ser miembro activo del PAN, con lo cual se pone de manifiesto que el acuerdo en cita se encuentra indebidamente motivado.

Por lo cual, se ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones que se pronuncie respecto a la procedencia del registro del actor, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación del fallo.

Primera sesión pública de resolución de la nueva integración de la Sala Regional Monterrey

Al iniciar la primera sesión pública de resolución de la Sala Regional correspondiente a la segunda circunscripción, el magistrado presidente, Marco Antonio Zavala Arredondo, mencionó que con la discusión y análisis de los asuntos propuestos para esta sesión “se refrenda, en los hechos, el compromiso al que nos han convocado el magistrado José Alejandro Luna Ramos presidente del TEPJF de velar por la tutela de los derechos humanos en su vertiente política, siempre de manera completa y oportuna”.

Añadió que se da inicio, también al diálogo entre esta nueva integración, con autoridades electorales, administrativas, partidos políticos y ciudadanía en general, a la cual convocó a hacerles llegar sus opiniones y críticas para juntos ir avanzando.

En su intervención, el magistrado Yairsinio David García Ortiz aseguró a la sociedad que los magistrados integrantes de esta Sala llevarán a cabo su labor sin otro objetivo que el de impartir justicia con estricto apego a los principios constitucionales que rigen la función jurisdiccional.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón afirmó que “como juzgadores estamos conscientes de que las decisiones de la Sala tienen efectos en casos concretos, pero en ocasiones su impacto trasciende mas allá y permea al orden jurídico social e institucional del sistema político electoral, por lo cual, asumiremos con esa perspectiva la responsabilidad y el alto honor con el que nos ha distinguido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República.”

En la sesión pública de este jueves, la Sala Monterrey resolvió tres juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.