Zacatecas, Zac.- Los diputados integrantes de la Sexagésima Primera legislatura del Estado, desarrollaron este martes dos sesiones consecutivas, además, se recibió en Comisiones a organizaciones sociales, entre ellas, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, Ex braceros y productores del campo.

Cumplimiento en Materia de Rendición de Cuentas

Se aprobó  el dictamen presentado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la Iniciativa de Punto de Acuerdo, presentada por los Diputado Irene Buendía Balderas y Cliserio del Real Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario “Transformando Zacatecas», a fin de que se analicen  los resultados en  materia de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública, valorando los estándares de cumplimiento a nivel internacional, nacional y estatal.

La coincidencia del pleno de diputados es en el sentido de que esta aprobación, generará   confianza en  la sociedad, de que se trabaja para crear un sistema que promueva un manejo eficiente en el ejercicio y administración de los recursos públicos así como  en la protección del derecho que tienen los ciudadanos al acceso a la información pública.

Rehabilitación de Derechos Políticos

Fue aprobado por unanimidad la solicitud del ciudadano Francisco Javier Belmontes Herrera, para que se le restituyan plenamente sus derechos políticos y civiles. El Dictamen a favor fue presentado por la Comisión Jurisdiccional.

Ley de Conservación y Protección del Patrimonio del Estado

Otro de los asuntos aprobados durante la jornada de este martes, fue la Iniciativa de Ley que propone la emisión de  una nueva Ley de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado, con el objetivo de lograr una eficiente salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial de nuestra entidad.

Solidaridad con Migrantes

El Pleno de la Asamblea, aprobó también por unanimidad, el dictamen referente a la Iniciativa de Punto de Acuerdo, por la que la H. Sexagésima Primera Legislatura del Estado se solidariza con la caravana migrante de los zacatecanos, que partirán de la frontera entre México con los Estados Unidos hacia Zacatecas.

Respeto a los Derechos Humanos

Las legisladoras Irene Buendía Balderas, Claudia Edith Anaya Mota y María Elena Nava Martínez, presentaron ante la Asamblea, la Iniciativa de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, a los Presidentes Municipales de los cincuenta y ocho municipios del Estado, y a los demás órganos públicos autónomos, para que por medio de su valiosa intervención, instruyan a los entes a su cargo para que promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Capítulo de los Derechos Humanos y sus Garantías.

Argumentan los  promoventes  que el artículo primero de nuestra Carta Magna, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Educación Inclusiva

Las diputadas Claudia Edith Anaya Mota, Erika del Carmen Velázquez Vacio y María Hilda Ramos Martínez, sometieron a consideración de la Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, en materia de Educación Inclusiva, con el propósito de contribuir  de manera decidida,  a crear las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad tengan pleno acceso al sistema educativo del Estado y, por otra parte, avanzar en la construcción de las condiciones que permitan la erradicación de la discriminación que pudieran sufrir, actualmente, estas personas al interior del propio sistema educativo.

Su argumento principal es que  la Ley especializada en materia educativa, no contempla como una modalidad a la “educación inclusiva”, situación que se aleja del espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Persona con Discapacidad y del respeto del derecho íntegro de las personas de este sector poblacional, pues no se les garantiza una inclusión en el sistema educativo, señalando que  es necesario adicionar una modalidad específica para cada uno de ellos.