Fotos: Misael Camarillo / MIRADOR
“Alguien se robó más de 9 millones de pesos”, producto de la licitación para la construcción de un tanque elevado de 600 metros cuadrados y una línea de distribución efectuada en el municipio de Jerez, denunciaron regidores de ese municipio con filiación del PRI, PAN y PVEM, quienes ofrecieron una conferencia de prensa este miércoles para señalar la corrupción que rige por parte “del tal Pepe Pasteles y sus amafiados funcionarios”.
Informaron que hay malos manejos en la asignación de la obra por parte del alcalde, José Manuel de Jesús Viramontes, la cual se le dio al contratista Jorge Luis Pinedo Casas, quien no ofreció el costo más bajo. Así, la obra tuvo un costo de 16 millones 8 mil 481 pesos, mientras que en el concurso de proveedores había quién se ofreció a ejecutarla hasta por 4 millones.
Tersina Casas, coordinadora de los regidores panistas en esa demarcación, manifestó que el daño ocasionado al erario público municipal asciende a 9 millones de pesos, insistiendo en que hay costos inflados en el tema de materiales y que se cobran algunos conceptos inexistentes en la obra, iniciada en septiembre y concluida en diciembre del año pasado.
A decir del alcalde, prosiguió la regidora, la obra se le concedió al ya referido contratista por ser la empresa que garantizaba el mejor trabajo por la experiencia que tenía, de manera que se propusieron realizar una investigación por su cuenta. Según expertos, siendo generosos la obra pudo haberse realizado con un máximo de 7 millones de pesos, advirtieron los miembros del cabildo.
En la conferencia de prensa estuvieron acompañando a Teresina Casas, los regidores priístas Roxana Vázquez y Marco Esparza, así como Patricia Ceballos, del PVEM y Jaime Viramontes, quien es regidor sin partido, los cuales también presentaron una solicitud ante el Congreso del estado para que se realice una auditoría al programa de obra pública en Jerez, aunque precisaron que la denuncia no tiene nada qué ver con la coyuntura político-electoral que está en puerta.
Por último, los denunciantes hicieron del conocimiento público que el alcalde los amenazó con enviarlos a la cárcel debido a que estaban dando a conocer “información privada”, pero señalaron que se trata de licitaciones municipales que deben estar a la vista de la ciudadanía, por lo que no hay delito qué perseguir.
