Foto: Misael Camarillo / MIRADOR

Zacatecas, Zac.- Hay dos puntos en el estado de Zacatecas donde está muy focalizado el enfrentamiento entre grupos delictivos antagónicos, y uno de esos puntos es el municipio de Fresnillo y el otro es el de Valparaíso. Por ello, se ha pedido al batallón del Ejército destacamentado en El Mineral, lo mismo que al grupo de la Marina y a la Policía Estatal, una mayor presencia con rondines tanto en las cabeceras municipales como en las comunidades, señaló Arturo Nahle García, procurador de Justicia en el estado.

Añadió que llegaron a la entidad más elementos de la Policía Federal, aunque desconoció el número, siendo esta la primera parte del total de efectivos que serán enviados. La Comisión Nacional de Seguridad Pública que en ese momento la mayor parte de las fuerzas federales están concentradas en estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Morelos, por lo que se tuvieron que retirar elementos de varias entidades. De cualquier forma, se continuará con la solicitud de una mayor presencia de refuerzos. De esta manera se podrá proteger las dos zonas conflictivas de referencia, advirtió.

Por otro lado, señaló que luego de finalizar el periodo de vacaciones por Navidad y año nuevo se tuvo saldo blanco en las carreteras de Zacatecas, y que esta era la urgencia para la llegada de los agentes federales. Nos interesaba que tanto turistas como paisanos que vienen esta temporada estuvieran con seguridad.

En 2012, prosiguió, se denunciaron 16 secuestros; en 2013 subió a 19, y en 2014 volvió a bajar a 16. Lo mismo pasa con los homicidios dolosos, ya que en 2013 se registraron 164 casos, mientras que en 2014 la cifra bajó a 112. Esta reducción es la que nos hace afirmar que las condiciones de seguridad en Zacatecas han mejorado. Así está la estadística del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, y basado en ello “he tomado decisiones personalísimas, como la de prescindir de escolta de seguridad”, comentó.

Advirtió, sin embargo, que durante los primeros días de este año se va a tener que poner especial vigilancia en los municipios de Miguel Auza y Juan Aldama, los cuales colindan con el estado de Durango y donde han ocurrido eventos que nos han llevado a tomar la decisión de reforzar la presencia policiaca, sobre todo de la Estatal. Muy cerca de ahí hay municipios como Ramón Corona y Santa Clara, en Durango, que tienen una problemática particular en materia de seguridad, señaló el procurador.

Lo que se sigue presentando todos los días son los denominados secuestros virtuales, los cuales no son secuestros en sí, sino engaños telefónicos. Por lo regular, estas llamadas vienen de otros estados como Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y del Distrito Federal. A pesar de la campaña publicitaria que tenemos en todos los medios de comunicación mediante la cual se recomienda a la gente que no caiga en estos engaños, y que a la extorsión le cuelguen, aún hay personas que se asustan, creen lo que les dicen y que les depositan dinero a estos “rufianes”, que por lo regular operan desde el interior de Ceresos.

Incluso, añadió, se hace desde Ceresos federales, que se supone que son de alta seguridad, según el reporte hecho desde Los Pinos por parte de diferentes organizaciones civiles, como la encabezada por Alejandro Martí y la de Isabel Miranda.

Las llamadas en este sentido han llegado hasta a presidentes municipales, a los que se les exige que retiren dinero de las tesorerías y se les deposite. Afortunadamente cada vez son menos los que caen en estos engaños. Además, se siguen realizando operativos para detectar armas, droga y teléfonos celulares, ya que se opera con gente dentro y fuera de los Ceresos.

En otro sentido, indicó que no se puede negar el hecho de que hay otro tipo de delitos que sí han tenido incremento significativo en 2014, como el abigeato, lo mismo que los robos sin violencia, pues el que se comete con violencia no se disparó. Así, los robos a casa habitación, a tiendas y robo de vehículos han subido sus estadísticas, pero este crecimiento no lo asociamos al despido de policías, y no compartimos la idea de que un policía que fue despedido sólo tiene por delante el camino de la delincuencia. Hay muchos de ellos que se dedican ahora a actividades productivas lícitas, aseguró el funcionario.

Dio a conocer también que hay 40 plazas vacantes en la Policía Ministerial, por lo que invitó a los jóvenes que tengan su preparatoria terminada y que tengan interés de incorporarse como agentes investigadores de la Procuraduría a que se presenten a hacer su examen de control de confianza y acreditar que cumplen con los requisitos de la convocatoria.

Si nosotros iniciáramos una investigación oficiosa por todo lo que se publica o por todo lo que dicen los partidos políticos, dijo, “tendríamos en la Procuraduría unas cargas de trabajo brutales”, refiriéndose a las declaraciones de la Comisionada estatal del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos en el sentido de que hay algunos delitos cometidos al interior de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad.

Cuando un dirigente o político hace una denuncia ante los medios de comunicación, agregó, “los invito a que acudan a la Procuraduría para que formalicen su denuncia y a que aporten pruebas de su dicho”.

En cuanto a las denuncias que han estado presentando algunos regidores sobre supuesto desvíos de recursos, sobre todo en el rubro de obra pública, informó Arturo Nahle que se cuenta con una fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos, en la cual hay también expedientes en contra de ex presientes municipales por obras públicas o por adjudicaciones que se hicieron en contravención a la Ley de Adquisiciones.

El problema es que este ordenamiento legal fue declarado anticonstitucional por el Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que no se le puede exigir a un ex servidor público que cumpla o respete lo que dice una ley que se declaró en estos términos.

Por ello, “le haría un llamado respetuoso a los integrantes de la 61 Legislatura del estado para que a la brevedad posible puedan publicar una nueva ley en la materia. Es urgente, pues de lo contrario no sólo los municipios, sino el propio Gobierno del Estado puede estar haciendo adquisiciones como se le pegue la gana”, apuntó.

Lo que ayudó a los funcionarios de la pasada administración es que la Corte determinó que eran inconstitucionales la Ley de Adquisiciones y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la cual sí ya hay una nueva ordenanza.

Algunas de las denuncias fueron presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y otras por las nuevas administraciones municipales o la Secretaría de la Función Pública (SFP), afirmó, y en total deberán ser más de una veintena.