Zacatecas, Zac.-Los grupos parlamentarios del PRI, PVEM y PES presentaron un posicionamiento este miércoles en conferencia de prensa, referente a la controversia constitucional presentada por parte del Ejecutivo federal, respecto al Impuesto Ecológico implementado a nivel local por el gobernador Alejandro Tello Cristerna.
Con Carlos Peña Badillo a la cabeza, sostuvieron que reiteran su compromiso de seguir trabajando todos los días desde el Poder Legislativo para generar mejores condiciones de vida y desarrollo. Como legisladores locales apoyan cualquier esfuerzo que pueda y deba hacerse en favor de zacatecas, y para el ejercicio fiscal 2017, la Legislatura presentó un presupuesto a la baja, e implementó, junto con el ejecutivo, políticas de austeridad para generar ahorros permanentes.
Al ser notificados formalmente sobre la Controversia Constitucional presentada por el ejecutivo Federal, marcada con el número 56/2017, en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Zacatecas, con motivo de la Ley de Hacienda y del Impuesto Ecológico, expusieron que el Ejecutivo tiene la facultad de proponer las contribuciones que deberán recaudarse para subsanar las necesidades que apremian a la entidad.
Las iniciativas de Ley de Hacienda y de Ley de Ingresos de 2017 enviadas por el gobernador a la Legislatura, aprobados por mayoría, atienden a la apremiante necesidad de contrarrestar la dependencia financiera del estado para con la Federación, pues tan solo durante el ejercicio 2015, según datos del Inegi, los recursos que recabó Zacatecas por aportaciones federales fue el 88.6% de los ingresos totales. El 4.9% solamente correspondió a ingresos propios, mientras que la diferencia, 6.5%, provino de financiamiento público.
Así, se exploraron diversas alternativas para dotar al estado de recursos adicionales que le permitieran enfrentar la compleja situación económica que permanece en diferentes rubros, como los más de mil millones de pesos que se requieren para hacer frente al déficit presupuestal generado por la nómina de educación.
Con estrategias locales se debía incrementar la recaudación local para depender lo menos posible de los recursos federales, dijo Peña Badillo, buscando viabilidad financiera. “Hay quienes, de manera dolosa o poca informada a intentado sembrar el distanciamiento entre Gobierno de la República y Gobierno del Estado, sobredimensionando una herramienta jurídica que ordinariamente se utiliza para dirimir controversias de concurrencia entre la Federación y las entidades del país”, agregó.
Así, se determinó tras el análisis en la Legislatura, que el Estado podía imponer la carga impositiva materia de la controversia, ya que en el Impuesto Minero el hecho gravable es la extracción, mientras que para el caso de los tributos ecológicos se buscó grabar lo que se genera de contaminantes durante el procesamiento de los materiales y elementos considerados en la indicada legislación.
De esta forma, una vez emitida la resolución por parte de la Suprema corte de Justicia de la Nación, se obtendrá certidumbre en el sentido de si Zacatecas, además de los demás estados de la República, tienen la facultad de establecer instrumentos económicos de control y remediación ambiental bajo sus propias leyes, o en su defecto, si se trata de una atribución reservada de forma exclusiva para la Federación.
Gobierno de la República es y será un aliado permanente de zacatecas, aseveró Peña Badillo, y como muestra de ello, están los recursos federales que se ejercen en materia de salud, seguridad, vivienda, infraestructura carretera y más, que se realizan a lo largo y ancho de la entidad.
Se busca, además, coincidir en el esfuerzo de generar empleos permanentes y bien remunerados, que permitan a los zacatecanos llegar a mejores condiciones laborales y económicas. “No se busca afectar los derechos de la clase trabajadora, y se equivocan y mal informan quienes así buscan presentarlo”, subrayó.
En ese contexto, hizo “un llamado respetuoso pero enérgico” para que terminen las expresiones agresivas que se han suscitado por algunos grupos de choque ligados a grupos sindicales. No se puede por un asunto legal generar conflicto social, y las instituciones y tribunales son garantes de los derechos y obligaciones de todos los mexicanos. “Bienvenido el derecho a manifestarse; repudio absoluto a la violencia física o verbal en el uso de ese derecho”.
Más allá de la controversia, explicó, el tema que se trata es el desarrollo del estado, erradicar la desigualdad, alcanzar el bienestar de la gente y sus familias, y sólo la unidad permitirá enfrentar cualquier reto. Es necesario que prevalezca el Estado de Derecho, argumentó.
