Zacatecas, Zac. – En sesión ordinaria de Pleno, los Comisionados Samuel Montoya, Julieta Del Río y Fabiola Torres, del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) instruyeron al Fideicomiso Zacatecas entregar un Acta de Comité que avale la reserva de información acerca de las direcciones IP (Protocolo de Internet) de los equipos de cómputo con los que cuenta el sujeto obligado.

Lo anterior para responder a una solicitud en la que un particular pidió dichas direcciones, que consisten en series numéricas que permiten identificar a una computadora dentro de una red. Así mismo solicitó el nombre de los servidores públicos a quienes está asignado cada equipo.

“Al recibir esta solicitud, el Fideicomiso Zacatecas se declaró incompetente para responder bajo el argumento de que los equipos de cómputo le fueron asignados por la Secretaría de Administración, sin embargo es el Fideicomiso quien tiene el resguardo de este material y debe contar con las direcciones IP”, explicó la Comisionada Fabiola Torres Rodríguez, ponente del caso.

No obstante, agregó que de proporcionar los datos se abriría la posibilidad de que un externo accediera de forma ilícita a los equipos, mediante la vulneración de alguna computadora.

“Conocer la dirección IP de un ordenador da un acceso total a datos personales, a la intromisión de algún virus o incluso a la modificación de información, esta es la prueba de daño bajo la cual se debe reservar la información” explicó Torres Rodríguez.

Por lo anterior, y con el respaldo del Pleno, se determinó revocar la respuesta del Fideicomiso Zacatecas e instruirle para que en cinco días su Comité de Transparencia sesione y emita un acta en la cual aplique la prueba de daño correspondiente para reservar la información. Este documento será enviado al solicitante de la información.

En la ponencia de una inconformidad interpuesta contra la Secretaría General de Gobierno, la Comisionada Julieta Del Río Venegas explicó que un solicitante pidió documentos que comprueben la selección en base a convocatoria del Comisionado Local de Búsqueda de Personas y el Coordinador Local en la materia. Entre lo solicitado estuvo el currículum, cédula profesional, acreditación en derechos humanos y estudios forenses y acreditación de experiencia en la búsqueda.

Transcurridos los 20 días que otorga la Ley para responder la Secretaría General de Gobierno envió la información, sin embargo la recurrente se inconformó al no recibir comprobante de estudios del Comisionado Local de Búsqueda de Personas. Durante sus manifestaciones el sujeto obligado completó la información e hizo llegar tanto al IZAI como a la ciudadana la información del Ing. Mecánico Javier Ramírez García, Comisionado Local.

Por lo anterior, el Pleno determinó dejar sin efecto la inconformidad y cerrar el caso.