Zacatecas, Zac. – La LXIV Legislatura del Estado deberá responder una solicitud de información respecto al área de adscripción, superior jerárquico, fechas de inicio y terminación de los contratos de 118 presuntos trabajadores del Poder Legislativo. Así lo instruyó en sesión ordinaria el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).
Lo anterior al resolver una inconformidad bajo la ponencia del comisionado Samuel Montoya Álvarez, quien explicó que un ciudadano solicitó dicha información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a lo cual el sujeto obligado le envió un enlace para consulta de los datos que no funcionó, además de reservar la información referente a fecha y monto de los contratos.
Montoya Álvarez afirmó que la información solicitada es de carácter público, tan así que incluso debe encontrarse en la Plataforma Nacional de Transparencia siendo una de las obligaciones comunes previstas en el artículo 39 de la ley local de transparencia, como nombres, sueldo y contratos, entre otras.
“Aunado a la negativa de información y el envío de enlaces no funcionales al ciudadano, la Legislatura tampoco emitió sus manifestaciones una vez iniciado el proceso de la inconformidad, ni su Comité de Transparencia confirmó la reserva de la información para este caso” señaló.
El comisionado enfatizó que al reservar información pública debe acreditarse que existiría algún daño si se entrega, en este caso el sujeto obligado aseguró que se encuentra en un proceso inconcluso de auditoría, sin embargo, no presentó el acta de inicio de la misma para comprobarlo.
Las comisionadas Fabiola Torres Rodríguez y Nubia Barrios Escamilla coincidieron y por unanimidad, el Pleno instruyó a la LXIII Legislatura del Estado revocar su respuesta, además deberá entregar la información en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Durante la sesión ordinaria del Pleno también se resolvieron inconformidades contra los ayuntamientos de Tabasco, Miguel Auza, Juan Aldama y la Secretaría de Desarrollo Social. Así mismo, denuncias contra los municipios de Pinos, Vetagrande, Pánuco y el Partido de la Revolución Democrática.