En medio de una accidentada y debatida sesión, que inició con dos horas de retraso, con 23 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones, además del abandono de la sala de los diputados del PT, fue aprobado por la LX Legislatura del Estado, el dictamen mediante el cual se autoriza al gobernador Miguel Alonso Reyes solicitar ante instituciones bancarias, un préstamo por 4 mil 897 millones de pesos a través del cual se pretende el rescate financiero de Zacatecas.
En la maratónica sesión de este jueves, con la que concluye el primer periodo ordinario de trabajos de la LX Legislatura hubo de todo: blindaje policial, manifestaciones de grupos ciudadanos, inconformidades de los propios diputados por la presencia de los elementos policiacos, puntos divergentes y varias horas de discusión sobre la solicitud enviada por el Ejecutivo.
Las legisladoras y legisladores hicieron uso de la tribuna y expusieron sus distintos puntos de vista y opiniones sobre el mega préstamo, los grupos parlamentarios del PRI, PANAL y Partido Verde en defensa y los grupos del PT y PRD cuestionando las justificaciones del mandatario que motivaron esta petición.
María de la Luz Domínguez, diputada de Convergencia, así como Juan Mendoza y Lucía del Pilar Miranda, votaron en contra del dictamen, en tanto que los diputados del Partido del Trabajo (PT) Saúl Monreal ívila y Benjamín Medrano Quezada se retiraron de la sesión argumentando que no serían comparsas del gobierno del estado e invitó el primero, a sus compañeros diputados que estuvieron a favor del préstamo, a ir a sus distritos a ver qué cuentas dan a quienes votaron por ellos.
El diputado José Rodríguez Elías afirmó que el apoyar la propuesta del gobernador no será un cheque en blanco, porque la fiscalización será primordial y para ello, existen los órganos especializados que estarán vigilantes de que se apliquen los recursos de manera adecuada.
Diputadas Georgina Ramírez, Noemí Berenice Luna y Maribel Lara en voz de la primera pidieron en la discusión en lo particular, modificaciones en las que se propone sean etiquetados los recursos del empréstito tal y
como los ha propuesto el Ejecutivo para que se pueda revisar y fiscalizar la exacta aplicación de los mismos.
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