Zona de Reflexión

 Por Lucí­a Lagunes Huerta*

La impunidad que vive México es la mejor puerta para la repetición de las violaciones de los Derechos Humanos y los atentados contra la libertad de expresión.

Una y otra vez lo han señalado instancias internacionales, una y otra vez han recomendado castigar a los perpetradores, sin que hasta hoy logren contar con la atención y la acción del Estado mexicano.

La omisión del Estado para garantizarles protección vuelve a violar sus Derechos Humanos y deja en soledad a las y los periodistas, quienes junto con las organizaciones civiles buscan protegerse; los resultados están a la vista: asesinatos, amenazas, desapariciones.

Lydia Cacho Ribeiro se suma hoy a la lista de periodistas que por razones de seguridad tienen que abandonar el paí­s. Una nueva amenaza la coloca en riesgo, porque hasta ahora no hay quien le garantice una verdadera protección de quienes quieren hacerle daño.

Son los otros daños colaterales de una guerra que coloca la ley del más fuerte como la lógica, en lugar de la legalidad y el Estado de Derecho.

Cuando no se sanciona a la persona que violenta los derechos de otra, cuando se exhibe impúdicamente la colusión para proteger a personajes de la polí­tica, quienes a todas luces se asocian con un particular para hacerle daño a una periodista cuyo delito fue investigar y sacar a la luz pública una red de pornografí­a infantil, el mensaje llega: la ley del más fuerte está en vigor.

Cuando la fuerza tendrí­a que estar del lado de la justicia y de la verdad, la fuerza de las armas, del poder polí­tico, de la intimidación, va ganando espacio para silenciar a aquellas personas que le incomodan, que le obstruyen su posibilidad de maniobra, dejando a la sociedad solo con los ecos que ellos quieren que se escuchen.

Uno de ellos contó con el beneficio de ser un gobernador para ser intocable, ser gobernador de un estado le permitió no sólo la fuerza sino le garantizó la impunidad. í‰l sigue gozando de la vida polí­tica, él no tiene que salir corriendo de su casa por alguna amenaza, no tiene que solicitar protección por su vida.

Dejar pasar las grabaciones, sin investigar a profundidad lo que eso implica, no haber hecho justicia para Lydia Cacho, la colocó en riesgo nuevamente, en la posibilidad de la repetición de una amenaza que pudiera costarle la vida.

Por esta absurda impunidad desvergonzada, es que el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer le insiste al Estado mexicano garantizar la protección de las periodistas.

Por eso es fundamental que las instancias gubernamentales como los Comités de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos actúen a favor de las ví­ctimas, y no se queden en la lógica burocrática de retardarlo todo.

Si estas instancias no actúan a favor de las ví­ctimas, si no las protegen y les dan garantí­as para seguir haciendo su trabajo no servirán de nada, y pasarán a la historia como una más de las instancias fantasmas que desarrollan aparatos, consumen recursos públicos, pero no dan resultados.

Twitter: @lagunes28

*Directora general de CIMAC.