Zacatecas, Zac.- El Contralor Interno Guillermo Huizar Carranza, dio a conocer que con el objetivo de garantizar el uso correcto de los vehí­culos oficiales durante el periodo vacacional de la temporada navideña, el Operativo Centinela es fortalecido para que los servidores públicos no hagan uso indebido de los mismos.

Dicho operativo se realiza durante las dos últimas semanas de diciembre del 2012, para lo cual se comisionaron a 36 servidores públicos, seis supervisores, un coordinador general y 18 vehí­culos de la Contralorí­a, informó Huizar Carranza.

Asimismo, señaló el funcionario que esta acción ya no es sorpresiva para los servidores públicos estatales, porque están conscientes de las revisiones que se hacen y cumplen con la normatividad, por tal razón es importante mantenerlo y continuar con el cambio de actitud generado. Esto, debido a que actualmente hay un comportamiento diferente al que se registró al recibir la administración pública, cuando habí­a un uso indiscriminado de unidades.

A la fecha la mayorí­a de las dependencias ya se ubican en Ciudad Administrativa y cada una cuenta con los espacios para realizar el resguardo de su parque vehicular, lo que ha coadyuvado también para tener una realidad distinta en el Gobierno del Estado con respecto a esta importante circunstancia.

Sin embargo, explicó el Contralor que las incidencias dependen en su mayorí­a del tamaño del parque vehicular de las instituciones, ya que unas pueden tener sólo dos automóviles y otras más de 100, de ahí­ que unas sean localizadas con mayor o menor frecuencia.

Como ejemplo de las instancias que tienen un numeroso parque vehicular, el Contralor refirió a las Secretarí­as de Educación y Cultura (SEC), Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Planeación y Desarrollo Regional (Seplader) y Obras Públicas (Secop) y donde se debe tener mayor control.

Por último, el Contralor hizo el llamado a los titulares de las distintas dependencias y entidades de la administración pública para que cumplan con el operativo y la norma, a fin de que se abstengan de autorizar el uso de vehí­culos cuando no hay comisiones oficiales y evitar sanciones económicas de hasta 3 mil 500 pesos, como lo marca la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.