Gobernación ofrece promesas de brindar “trato humano”
Por Adriana Franco Rosales
México, DF.(Cimacnoticias).- La normatividad de las estaciones migratorias a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) no establece mecanismos adecuados para proteger a las migrantes detenidas de los abusos sexuales cometidos por delincuentes o por el personal de los centros de detención.
A la falta de protección para las mujeres, en estos centros de detención también se han documentado prácticas de tortura, como las celdas de castigo en las que recluyen por días a las y los adolescentes para sancionarlos por peleas con sus compañeros o por daños a las instalaciones, con lo que se les ocasionan daños a su salud mental.
Así lo denunciaron organizaciones civiles que trabajan con población migrante ante el titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Omar de la Torre de la Mora, durante la presentación del informe “Ser migrante no me hace delincuente”. En la casa universitaria del libro de la UNAM
Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, contó el caso de una adolescente de 15 años que migró de Honduras con su hermano para alcanzar a su madre en Estados Unidos, y que en días recientes fue víctima de violación sexual por parte de migrantes en el baño de la estación migratoria de esa entidad.
El activista enfatizó que la violación se realizó en el área de niñas y adolescentes que viajan sin acompañantes, donde no debería tener acceso la población adulta.
Acusó que las custodias del INM no cumplieron con su obligación de proteger a la menor de edad, además de que advirtió la falta de mecanismos institucionales para garantizar su seguridad.
En entrevista con Cimacnoticias al término del evento, Xicoténcatl dijo que ante este hecho las autoridades de la estación migratoria detuvieron a presuntos responsables, los cuales están sujetos a una investigación.
La adolescente, añadió, fue “resguardada” en las oficinas administrativas de la misma estación, donde se encuentra desde hace dos semanas en espera de que la envíen a un albergue de religiosas, en tanto que el INM tramita la visa humanitaria por ser víctima del delito.
Fermina Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, ubicado en Tapachula, Chiapas, dijo que las celdas de castigo en las que aíslan a las y los adolescentes para sancionarlos también envían un mensaje al resto de la población para que obedezcan al personal del INM sin reclamar sus derechos.
La defensora refirió que prácticas como ésta y muchas otras que vive la población migrante en los centros de detención ponen en riesgo su salud mental, ya que, aseveró, tiene conocimiento de casos en que adolescentes aislados intentaron suicidarse.
Cabe recordar que durante el sexenio pasado, el INM detuvo en las estaciones migratorias a 41 mil 241 menores de edad, de los cuales 9 mil 865 eran niñas y adolescentes, además de que en los últimos años la cifra de población infantil que migra sola va en aumento, según estadísticas del Centro de Estudios Migratorios de Segob.
Ante este panorama, Omar de la Torre reconoció que las autoridades mexicanas “cerraron los ojos a los atropellos que se cometían contra los migrantes”, por lo que “es urgente limpiar al INM desde la base hasta el tope”.
El funcionario aceptó que el Estado mexicano carece de una política migratoria integral acorde con la complejidad de este fenómeno, por lo que propuso la creación de un Programa Nacional de Migración, que integre las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los expertos en materia migratoria.
Al ser cuestionado sobre cómo garantizará que este programa se aplique dado que pese a que existe una Ley de Migración y una normatividad de las estaciones migratorias éstas no se aplican en la práctica, aseguró que buscará que se establezcan mecanismos de evaluación permanente al personal del INM para verificar el cumplimiento de las normas.
Omar de la Torre sostuvo que esta administración no criminalizará a la población migrante y que aplicará medidas de seguridad “humanas”, con una política migratoria diferenciada por género y grupos vulnerables.
Sin embargo, el funcionario fue cuestionado por el nombramiento de Ardelio Vargas como titular del INM, toda vez que viene de instituciones de seguridad pública con largo historial de abusos a los Derechos Humanos (DH), como han señalado organizaciones civiles.
Al concluir la presentación del informe, Carolina Carreño Nigenda, subcoordinadora de Acompañamiento Psicosocial de la organización Sin Fronteras, propuso que el Estado mexicano busque otras alternativas a la detención de las y los migrantes para que lleven su proceso administrativo en libertad, y sean acompañados de activistas que garanticen el respeto de sus DH.
En caso de que esto no sea posible, la agrupación recomendó que se mejoren las condiciones de las estancias migratorias, tanto en los servicios como en las instalaciones, pero sobretodo en el respeto a los DH de las y los migrantes.