Zacatecas, Zac.- Cuauhtémoc Calderón Galván, ex presidente municipal de Zacatecas quedó vinculado a proceso por el presunto desvío de cerca de 16 millones de pesos que se le adeudan a Teléfonos de México (TELMEX).

Así lo señaló Arturo Nahle García, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ), quien además negó que se trate de una persecución política en contra del ahora candidato a diputado local por el Primer Distrito electoral, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Agregó que en la administración anterior, del municipio de la capital, TELMEX solicitó licencia para abrir calles y meter fibra óptica, por lo que tuvo que pagar una fianza de 15 millones 700 mil pesos para garantizar la reparación de los desperfectos que para ello se tuvieran qué realizar.

Subrayó que la empresa telefónica solicitó la garantía a la administración que encabeza Arnoldo Rodríguez Reyes, pero que este “argumentó que esos casi 16 millones de pesos ya no están, desaparecieron y por eso interpusieron esta denuncia”.

Nahle García comentó que durante el presente año, la PGJEZ realizó los dictámenes periciales a los fondos municipales, en los que se determinó que la administración pasada no dejó ese recurso en el Ayuntamiento.

Y refirió que esa fue la razón por la que “judicializamos el asunto, por esa razón es que hicimos una imputación ante el Tribunal Superior de Justicia en contra del ex presidente municipal, el ex tesorero y el ex síndico, como probables responsables del delito de peculado”.

Comentó además que debido a que la Constitución local prohíbe ser candidato a quien tiene auto de formal prisión en su contra, Cuauhtémoc Calderón tendría qué renunciar a la candidatura, ya que el auto de vinculación a proceso en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, es similar al auto de formal prisión en el viejo sistema, aunque como es una tesis que no está firme, podría apelar y es posible que se vayan al amparo.

El procurador negó que este proceso sea una persecución política, sino que obedece a una denuncia interpuesta por el alcalde en funciones, Arnoldo Rodríguez Reyes y la síndica municipal Maritza Cárdenas Hernández desde hace aproximadamente año y medio.

Aseveró que esos recursos no debieron tocar o desviar para otro propósito, pero recalcó que ese dinero no estaba dentro de los 31 millones de pesos que dejó a la administración actual.