Los delitos electorales que se vivieron en la jornada del pasado 7 de julio, que incluyen el escalamiento de la violencia contra militantes y candidatos como formas de intimidación encaminadas a inhibir la participación ciudadana, la desmedida compra de votos para torcer la voluntad popular y la entrega velada de apoyos económicos de programas sociales gubernamentales a pesar de una supuesta veda electoral que jamás se cumplió, deben ser motivos suficientes para que la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática valore seriamente su permanencia dentro del Pacto por México.

Dichas irregularidades, que constituyen claras transgresiones a las reglas de competencia establecidas, dejaron en claro que de parte de del gobierno federal y el PRI no existe voluntad política para respetar las normas mínimas de convivencia democrática que deben prevalecer en toda contienda política, lo que de ninguna manera fomenta la pluralidad y la diversidad política que debería existir en nuestro sistema electoral.

Por ello, el PRD tiene que revisar con total detenimiento si vale la pena permanecer dentro de un acuerdo en el que no se respeta lo acordado, en el que a pesar de la existencia de un adendum se pisotearan las libertades ciudadanas que supuestamente están garantizadas en nuestra Constitución, lo que de concretarse de ninguna manera significaría renunciar a alcanzar acuerdos en el marco legislativo.

El que nuestro partido permaneciera dentro del Pacto tendría que estar condicionado a la cristalización de una reforma política que restableciera los principios básicos de la democracia que desgraciadamente se han perdido. De no alcanzarse esta premisa fundamental no tendría caso sentarse a firmar acuerdos que han satisfecho mayoritariamente los intereses del partido en el poder.