Foto: Misael Camarillo / MIRADOR
Zacatecas, Zac.- El proceso constitucional para la designación de la Fiscalía General de Justicia fue definido desde la reforma constitucional que se llevó a cabo hace ya un año, y la Legislatura tiene un payo no mayor de 30 días para emitir una convocatoria pública dirigida a la sociedad para registrar a posibles aspirantes para el primer fiscal del estado, informó el titular de la Coordinación General Jurídica, Jehú Eduí Salas Dávila.
Añadió que a partir de este ejercicio, el Legislativo estará enviando un listado de por lo menos ocho perfiles para que el Ejecutivo, en un ejercicio de responsabilidad parlamentaria, para que el gobernador regrese cinco de las propuestas. Posteriormente serán los diputados, a través del voto calificado de las 2 terceras partes quienes definan al fiscal.
El proceso de selección inicia ya con este mes, y en febrero o marzo habrá de elegirse, dijo.
Por otro lado, dio a conocer que se han recibido ya un par de juicios de amparo por parte de contribuyentes zacatecanos, principalmente contra el impuesto sobre infraestructura y de control vehicular. Se están dando los informes justificados, pero como cada año se comenzaron a recibir.
En otro tema, sostuvo que el Programa Auto Seguro, anunciado este miércoles por el gobernador del estado, va a funcionar bajo un acuerdo administrativo que se emite por el Ejecutivo hacia las autoridades de seguridad pública en el sentido de que usen sus facultades legales para inspección y vigilancia en cuanto a la prevención del delito.
Son funciones inherentes que la ley les concede, y la finalidad del programa es activarlas para “tener una identificación clara en el estado de Zacatecas de todo vehículo de procedencia extranjera que circula en el estado, dijo.
La manera de operación será por medio de módulos fijos e itinerantes en todo el estado, agregó, precisando al mismo tiempo que se le imponen obligaciones a las corporaciones de seguridad dentro del esquema, pero no así al ciudadano. “Esperamos contar con la participación voluntaria del ciudadano y que tenga la decisión de identificar su vehículo de manera gratuita en los módulos fijos”.
No consiste el operativo en una retención o decomiso, precisó Salas Dávila, sino una verificación permanente en todo el estado y a lo largo de todo el año, y no busca ninguna recaudación.
Por otra parte, consideró como “habitual” el tema de los amparos que se han estado presentando contra el control vehicular, y que son contemplados en las proyecciones fiscales que se hacen por parte de la autoridad.
Atribuyó a modificaciones legislativas el retraso que se tuvo en cuanto a la designación de la Fiscalía de Defensa del Contribuyente. “En este momento se encuentra el gobernador con los perfiles listos para que sean valorados por el Poder Legislativo; el Instituto Estatal de la Defensoría Pública sigue siendo la principal herramienta del ciudadano en contra de los actos de autoridad y el Tribunal de Justicia Administrativa en Zacatecas tiene una defensoría pública adscrita a la Federación y el contribuyente puede solicitar su ayuda”.