Zacatecas, Zac.- La presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del estado, María Natividad de Jesús Rayas Ochoa, dijo que las llamadas Herramientas Legislativas, consistentes en 180 mil pesos por diputado cada mes, desaparecieron. Sin embargo, el dinero se sigue utilizando “para actividades legislativas, esto es, contratación de asesores y estudios de investigación”.
En entrevista concedida para el programa matutino de noticias A Tiempo”, con Francisco Elizondo, dijo que ella ha hecho uso de este recurso “en parte”, con la finalidad de contratar asesores, estudios de investigación “y lo que tiene que ver con el trabajo legislativo”.
Dijo no saber cuánto hay de dinero para este rubro, ya que “no he tomado todo”, pero ha dispuesto de 70 mil u 80 mil pesos al mes, y “todo se tiene que comprobar”.
Sin embargo, a pregunta concreta de que si algunos legisladores han renunciado a este dinero, dijo que “se les ha estado entregando de otra manera, en apoyos de otra forma, lo cual no es legal, y eso es decisión de cada quien”.
Agregó que se continuará trabajando en mesas con los diferentes actores para que no sean las iniciativas o dictámenes que salgan “a ocurrencia de un diputado, en algo tan serio como lo que llega a la Comisión de Justicia”.
Tenemos que ser partícipes y practicar el parlamento abierto, para que la gente que verdaderamente está implicado en el tema, como jueces y los ministerios públicos que están en contacto con la gente “sean quienes nos den su opinión, porque ellos son quienes conocen cada parte”.
Además, reconoció que sí hay rezago en el trabajo dentro de la 63 Legislatura, aunque se pretende seguir trabajando para abatirlo con algunos temas que tienen que ver con la reforma al Código Penal, iniciativa que envió el titular del Poder Ejecutivo estatal, Alejandro Tello Cristerna, en la que participan Armando Ávalos Arellano, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas, además de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
