Zacatecas, Zac.- Raúl Brito Berúmen, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), manifestó que dentro del trabajo de auditoría que se ha realizado, no solamente con Gobierno del Estado, sino en estancias federales, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), organismos descentralizados, se hace el cruce de nómina para verificar la compatibilidad de horarios, verificar cargas de trabajo y supervisar que ésta esté acorde con su sueldo.
Salió a relucir, según sus propias declaraciones de la semana pasada, un número aproximado de 400 personas a las que aplica algunos de estos presupuestos, y por ahora se llevan a cabo las audiencias con cada uno de los presuntos implicados “para que nos demuestren sus cargas de trabajo o su compatibilidad de horario”.
El número se fue reduciendo con algunas aclaraciones que se fueron haciendo, agregó, y quedan “otras cosas pendientes”, pero el trabajo se lleva a cabo en las ya referidas instituciones, añadió. En el caso de trabajadores de Gobierno del Estado que presuntamente laboran también en la UAZ al mismo tiempo, dijo no tener a la mano el dato, aunque hay ciertas personas que todavía no han aclarado. De cualquier forma, subrayó que la revisión se lleva a cabo para los ejercicios 2016 y 2017.
Reconoció que se han encontrado empleados que perciben un sueldo como directores pero que no lo son, de manera que deberán demostrar el tipo de labor que llevan a cabo. “Debemos sujetarnos a las pruebas que nos presenten en la ASE para poder emitir un criterio, pues tengo que concederles el derecho de la duda, y posteriormente se tendrá que resolver conforme a Derecho”.
Este procedimiento no es nuevo, aseguró, ya que comenzó desde 2012, cuando asumió sus funciones el propio Brito Berúmen y se leyó la Cuenta Pública. “Después de este procedimiento, de manera particular tengo que notificar a los presuntos implicados para que de manera particular aporten las pruebas que consideren necesarias”.
Sostuvo que las acciones resarcitorias no las tiene por qué pagar Gobierno del Estado, sino que se tienen que pagar de manera particular.
En el caso de que algún presunto responsable no demuestre su no culpabilidad, la consecuencia es la acción resarcitoria, es decir, tienen que devolver el dinero, aunque pueden hacer uso de sus medios de defensa, ya sea en el Tribunal de Justicia Administrativa o mediante un recurso de revocación, advirtió el funcionario. Incluso, pueden hacer uso de los mecanismos de la Justicia Federal para su defensa.
Manifestó que las resoluciones serán emitidas en los meses de octubre y noviembre, ya que por el momento se reciben las pruebas que cada presunto implicado presenta.
