México, D. F.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actuará decidida y oportunamente para detener cualquier conducta ilegal que sea denunciada en cualquiera de sus salas y que pudiera afectar los procesos electorales de 2011 y 2012.
Así lo subrayó la magistrada María del Carmen Alanis, presidenta de la Sala Superior del TEPJF, al señalar que las cinco salas regionales y la superior del TEPJF están preparadas para asumir la carga jurisdiccional que se presente derivada de todos los procesos electorales próximos.
Este año tendrán lugar elecciones para gobernador en Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Michoacán.
En Hidalgo se renovarán todos sus ayuntamientos; dos municipios de Veracruz y uno de Puebla tendrán comicios extraordinarios, lo mismo que algunas comunidades de Oaxaca. En las 7 elecciones locales serán convocados a las urnas cerca de 21 millones de electores, más de una cuarta parte del total de electores en el país.
Los magistrados destacaron que a finales de este año iniciará el proceso electoral federal 2012, año en que se llevarán a cabo 15 elecciones locales, además de la presidencial y legislativa federal.
Al respecto, los magistrados Flavio Galván y Manuel González señalaron que es tarea del Congreso solventar los pendientes legislativos en materia de libertad de expresión, precampañas y campañas, la regulación del artículo 41 constitucional sobre radio y televisión, entre otros.
Confiaron en que el Legislativo tenga la oportunidad de, antes de junio próximo, llevar a cabo algunas de las reformas pendientes en materia electoral.
Los magistrados Salvador Nava, Pedro Esteban Penagos y Luna Ramos advirtieron que entre el IFE y el TEPJF existe una relación estrecha de comunicación y colaboración para la definición de criterios y resolución de sentencias.
Agregaron que es natural la diferencia de posturas entre dos instancias con naturalezas diferentes en materia electoral, pues al Instituto le compete organizar las elecciones, y al Tribunal vigilar la legalidad de esa organización; porque así está establecido en la Constitución.
Redes sociales pueden dinamizar el debate democrático
Para el magistrado Nava Gomar, las redes sociales son muy difíciles de controlar, pues en México y  en materia electoral estos medios de difusión no están regulados. Sin embargo, es posible y deseable fiscalizar el uso de recursos en esta área.
También consideró que pueden analizarse los contenidos para valorar que no se infrinjan disposiciones en ese aspecto. Siempre que se respeten los lineamientos legales, será bienvenido el debate político de ideas si contribuye a la democracia. El TEPJF no es ni debe ser sensor ni persecutor de la libertad de expresión, señaló.
El TEPJF ha detenido prácticas irregulares
A pesar de que falta reglamentar varios aspectos en materia electoral, en particular sobre el 134 constitucional para poder sancionar a funcionarios públicos, la presidenta Alanis enfatizó que el Tribunal sí ha detenido las prácticas irregulares y declarado la responsabilidad de los actores que las cometen.
Ello, a partir de la facultad que la Constitución otorga al TEPJF para interpretar las normas. Subrayó que quien demanda la violación del marco legal tiene el reto de aportar las pruebas y demostrar cómo se llevaron a cabo dichas infracciones.
Los magistrados coincidieron en que la actuación del TEPJF no puede darse de oficio: las leyes establecen los lineamientos y juicios correspondientes para que un ciudadano, partido o institución presente una denuncia por considerar que se violaron sus derechos.
Entonces el TEPJF debe analizar legalidad y constitucionalidad de cualquier acto del proceso electoral que sea impugnado ante nosotros, afirmaron.
Por otra parte, señalaron que es responsabilidad del Estado mexicano ofrecer condiciones de seguridad a candidatos, instituciones electorales, y ciudadanía en general, para consolidar a las instituciones democráticas y la transición pacífica de todos los cargos de elección popular.
Alanis señaló que los integrantes del TEPJF comparten la enorme responsabilidad que tiene este Tribunal para contribuir a la estabilidad política del país, y de garantizar la legalidad del acceso al poder a través de elecciones democráticas. El Tribunal llevará a cabo sus funciones jurisdiccionales en materia electoral con base en la Constitución y las leyes, señaló.
Regular expedición de cédula de identidad
Al acotar que la expedición de la cédula de identidad es una tarea de las autoridades de gobierno, el magistrado González Oropeza observó la pertinencia de contar con un registro nacional.
La magistrada Alanis Figueroa se pronunció por la necesidad de regular el procedimiento para la expedición de la cedula de identidad en dos aspectos: la eventual transición de una credencial para votar hacia una cédula de identidad única; y la credibilidad y transparencia en la utilización de las bases de datos para efectos electorales.