Zacatecas, Zac.- María de la Luz Domínguez Campos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), manifestó que, a un mes del inicio formal de funciones de la Guardia Nacional hay una gran expectativa para que en cuanto arribe a Zacatecas se puedan disminuir los índices de criminalidad, que se han venido incrementando en los últimos meses.
Hay que esperar que su actuación sea estrictamente apegada a la legalidad, con respecto a los derechos humanos y con los protocolos de uso de la fuerza; recordemos que hay una ley secundaria que deriva de la reforma constitucional, sobre el uso de la fuerza pública por parte de los elementos policiacos que formaron la guardia nacional y esperamos que se apeguen a esto”.
Se espera, dijo, que su presencia logre la tranquilidad y la paz que tanto están exigiendo los ciudadanos zacatecanos; en este rubro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la comisión estatal están con toda la disposición para llevar estos procesos de capacitación, en materia de conocimientos de derechos humanos y sobre todo con el ánimo de que su presencia venga a favorecer y a apoyar a los zacatecanos.
Añadió que son muy importantes los señalados instrumentos jurídicos, tanto de Ley de Detenciones como de Ley del Uso de la Fuerza, a efecto de lograr, de manera específica, a efecto de que la actuación de los elementos policiacos que conforman la Guardia Nacional, en la que encontramos tanto marinos como militares del Ejército nacional, además de policías federales y personas de nuevo ingreso, actúen conforme a los protocolos, conforme a estas normas, y que se eviten las detenciones arbitrarias, lesiones en los detenidos, que se evite, por supuesto, el abuso de poder, la tortura y la desaparición forzada.
En cuanto al desalojo de que fueron objeto ciudadanos de Guadalupe, por parte de elementos de la policía, dio a conocer Domínguez Campos que “desde el momento que recibimos la llamada de solicitud por parte de los habitantes del municipio de Guadalupe, acudimos y los acompañamos en una mesa de diálogo con las autoridades municipales, a quienes exigimos y solicitamos el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.
También le solicitamos que les fueron regresadas sus pertenencias que la propia Policía Municipal les había retirado; se acordó en esa mesa de diálogo esto, pero también que van a seguir abordando el tema desde una perspectiva del cumplimiento de la ley de los derechos humanos y, por supuesto, de ninguna manera con el uso excesivo de la fuerza pública y con abuso de poder.
Eso es lo que nosotros solicitamos a las autoridades municipales por lo que se comprometieron; pero, además, las personas presentaron una queja formal ante la comisión de derechos humanos y se está iniciando la investigación”.
La razón de la queja es porque consideran que fue un abuso por parte de los policías municipales y que, además, les retiraron sus pertenencias; por lo tanto, esta queja estará sustentándose para que la autoridad señale lo que consideras conveniente, advirtió.
“Fundamentalmente lo que nosotros buscamos como comisión de derechos humanos es que no hay abuso de poder por parte de los elementos policiacos ni un exceso de la fuerza pública; por el contrario, que se analice de manera puntual la ley, los derechos humanos y también se les brinde alternativas a la población de otros espacios para vivienda, porque finalmente lo que busca la gente es tener un lugar donde vivir con su familia”.
Luego de lo ocurrido en Michoacán, donde elementos del Ejército fueron desarmados por parte de pobladores, lo que ocasionó el cuestionamiento de si la CNDH y la CDHEZ defienden delincuentes, dijo Luz Domínguez que esto no es así. “De ninguna manera; los organismos defensores de los derechos humanos no defendemos a delincuentes, defendemos el cumplimiento de la legalidad y del Estado de Derecho.
Y en los hechos acontecidos en donde unos militares fueron humillados por la población, pues definitivamente no puede actuar así la propia ciudadanía, la propia sociedad y si cometen conductas que están afectando los derechos de los militares, los derechos de los policías y, por supuesto, violando la ley, se les tiene que aplicar los procedimientos legales para que respondan ante la justicia por una acción que también están dañando no solamente a estos elementos policiacos o elementos del Ejército, que también están, sino obviamente afectando el cumplimiento del Estado de Derecho. Por lo tanto, no se defiende a delincuentes, sino el cumplimiento de la ley y el cumplimiento del Estado de Derecho”.
Lo importante aquí es que la cultura de la legalidad no solamente es aplicable a los servidores públicos o las autoridades; también es aplicable a los ciudadanos, quienes tienen un conjunto de derechos humanos, que tienen un límite, y cuando se extralimitan infringen la norma y deben ser sujetos a un proceso, concluyó.
