LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS CONTIENDAS ELECTORALES

Olga-Alicia-Castro-IFE1

*Lic. Olga Alicia Castro Ramírez

Lo asume Luis Villoro en su libro Política y Valor, en política hay dos discursos, uno que tiene que ver con lo explicativo y el otro con el justificativo; uno y otro, en apariencia disociados y antagónicos, resultan complementarios; el primero porque la política no puede entenderse sin el análisis de lo que en la realidad es y que no se aleja de la pugna de intereses, no obstante no puede reducirse a lo meramente objetivo sino que necesita el elemento de la aspiración de la sociedad, lo que justifica su razón de ser y que generalmente está encaminado al bien común.

La observación del autor citado cabe perfectamente en el análisis que sobre la regulación que en la legislación electoral se ha establecido respecto de la intervención de los servidores públicos en los procesos electorales. De entrada, hacer una historia de la injerencia de los funcionarios y los recursos públicos en los comicios no ocupará la atención de este articulo, puesto que tendríamos que partir de los calificativos que por muchos años mereció nuestro sistema político (y, por ende, el electoral) por muchos historiadores: dictadura perfecta, presidencia imperialista, sistema de partido único o hegemónico. La alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000 trajo nuevas experiencias políticas, se afianza un sistema electoral competitivo, es decir, a partir del reconocimiento u asunción de una ciudadanía más consciente de sus derechos políticos, aunque tal vez se haría más honor a la verdad señalando el hecho como parte del fortalecimiento del régimen de partidos políticos que, al tener posibilidades reales de acceso al poder público, fueron impulsando nuevas reglas que buscaron evolucionar aún más en la madurez del sistema electoral, estableciendo regulación tendiente a garantizar equidad en la contienda.

Sin embargo, las reglas de la competencia electoral que hicieron posible el acceso al Poder Ejecutivo federal a un partido diferente al PRI, no fueron suficientes para evitar el ejercicio de prácticas de abierto apoyo y uso de recursos públicos para favorecer a candidatos de los partidos políticos a los que pertenecían funcionarios públicos. Tanto el IFE como el Tribunal Electoral del PJF han dejado constancia en diversas resoluciones de la participación de funcionarios públicos en los procesos electorales, lo que constituye, a todas luces, una irregularidad, documentada pero no sancionada.

Luego de la elección de 2006 hubo un consenso respecto a la necesidad de establecer reglas que contuvieran la intervención de los servidores públicos en los comicios. La regulación en este sentido quedó plasmada en la Constitución, que de suyo representa, o al menos eso pareciera, un síntoma inequívoco de la voluntad del legislador por establecer la relevancia del tema, puesto que le otorga jerarquía de norma suprema. La reforma constitucional se efectuó en el 2007 y en el año 2008 se concretó la reforma legal al publicarse el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El primer año de aplicación de la nueva regulación para el IFE fue especialmente difícil –a decir verdad no ha dejado de serlo y cada día se complejiza más-, no sólo existía la exigencia social por la contención de conductas abusivas de funcionarios públicos y, dicho claramente, específicamente de aquellos con acceso casi limitado a los recursos federales, estatales y municipales; más aún, fue la convicción del IFE de asumir con toda seriedad lo que tanto había ensombrecido la elección 2006 y que fue la causa de la merma tan importante en la confianza de la ciudadanía en la institución de la Democracia por antonomasia. Sin capacidad para sancionar a los servidores públicos el Instituto Federal Electoral ve disminuida su potestad para garantizar condiciones de equidad en las contiendas electorales.

El Pacto por México anuncia la discusión respecto a una reforma política en los próximos meses, esperemos que en ella no siga ausente una verdadera regulación del uso de los recursos públicos y la aptitud de los órganos electorales para aplicar sanciones cuando se demuestre el uso de éstos en las campañas electorales.

*Delegada del IFE en Zacatecas

*

*

Top
CLOSE
CLOSE