Para identificar de manera inmediata a niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a su madre por feminicidio y garantizar su incorporación programas de ayuda y protección, Geovanna Bañuelos propone crear el Registro de Menores de Edad Huérfanos por Feminicidio.

“En Zacatecas, mi tierra, en los últimos siete años tenemos un estimado de 99 huérfanos por feminicidios”.

Desde el 2018, año en que se emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y hasta 2024, se han contabilizado por lo menos 94 feminicidios. De enero a octubre de 2025 se tienen contabilizados 13 homicidios dolosos de mujeres y 5 feminicidios.

“Cifras lamentables y dolorosas de la cual no podemos ser indiferentes. Datos que nos obligan a ser empáticos y generar acciones a favor de los infantes que han quedado en el desamparo y la orfandad”.

Mediante una iniciativa se busca reformar la Ley General de Víctimas para atender a quienes han quedado en orfandad por feminicidio. Para ello, establecen que la Comisión Ejecutiva será la encargada de crear, administrar y mantener actualizado el registro, así como para asegurar la coordinación con las instituciones de procuración de justicia, sistemas estatales de atención a víctimas y demás autoridades competentes.

En el documento se detalla que el registro se integrará con información proveniente de ministerios públicos; tribunales y órganos jurisdiccionales; sistemas estatales de atención a víctimas; sistemas DIF federal y estatales; instituciones de salud o cualquier otra autoridad que, por sus funciones, tenga conocimiento de los hechos.

“Con ello, se construye una red de información sólida, evitando la dispersión que hoy caracteriza al tratamiento de estos casos”.

Además, Geovanna Bañuelos explica que se establece que la información contenida en el Registro será estrictamente confidencial y se regirá por las normas en materia de protección de datos personales, seguridad informática, interés superior de la niñez y no revictimización.

Al fundamentar la propuesta, la legisladora por Zacatecas destacó que los niños, niñas y adolescentes que han perdido a su madre por feminicidio han permanecido al margen de la estadística oficial, invisibles para las instituciones y expuestas a una cadena de vulneraciones que se prolonga mucho más allá del crimen que arrebató la vida de sus madres.

En este sentido, resaltó que con su propuesta se podrá identificar de manera inmediata a todos los menores afectados, y no quedará en un simple listado administrativo, ya que su incorporación al registro tendrá efectos automáticos y vinculantes.

“Desde el primer momento, el Estado estará obligado a reconocerlos como víctimas indirectas, activar medidas de ayuda y asistencia, garantizar una valoración psicosocial especializada, brindar acompañamiento jurídico y psicológico, y asegurar su integración prioritaria al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”, especificó la legisladora.

Geovanna Bañuelos afirmó que los efectos sociales de esta reforma serán profundos y transformadores, reducirá la incertidumbre sobre quién asume la custodia, qué apoyos se brindan y cómo se protege la integridad emocional del menor afectado.

Asimismo, el registro permitirá saber no solo cuántos menores existen en esta condición, sino cómo evoluciona su situación a lo largo del tiempo: si reciben apoyo emocional continuo, si permanecen en un entorno seguro, si continúan en la escuela y si sus derechos son restituidos.

La creación del registro permitirá superar la actual fragmentación institucional. Esto significa que las fiscalías, los tribunales familiares, los DIF estatales, las procuradurías de protección y las instituciones de salud deberán trabajar de forma coordinada, compartiendo información y activando rutas conjuntas de atención.

“Esta reforma representa un posicionamiento claro y firme: ninguna infancia víctima de feminicidio volverá a ser invisible para el Estado mexicano. En un país donde la violencia feminicida ha dejado heridas profundas, esta iniciativa significa reconocer las consecuencias más silenciosas de esa violencia y actuar en consecuencia. Es colocar a las niñas y los niños en el centro de la política pública, no como una consigna, sino como una obligación concreta y verificable”, concluyó.