Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas
Zacatecas, Zacatecas.- Hace algunas semanas se viralizó en redes sociales y medios de comunicación el caso de una ciudadana de Hermosillo, Sonora, sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El motivo: una publicación en su cuenta de X (antes (Twitter) que hacía alusión a una diputada.
El hecho ocurrió en febrero del año pasado, pero fue hasta hace unos días cuando el Tribunal emitió su fallo, ordenándole ofrecer disculpas públicas durante 30 días consecutivos en la red social. La legisladora solicitó al Tribunal que su identidad se manejara como dato protegido, aunque se trata de una figura pública y, en la práctica, todos sabemos de quién se trata.
Este asunto cobra relevancia por varias razones. En primer lugar, por tratarse de una persona que ocupa un cargo público, su actuar está sujeto al escrutinio ciudadano. En segundo, porque el argumento de violencia política de género fue desvirtuado en el análisis del caso. Y lo más relevante, la postura que expresó recientemente la Presidenta de la República durante una conferencia matutina, donde calificó la medida como desproporcionada.
“La sanción es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes”, dijo la Presidenta. Y coincido plenamente. Hay decisiones institucionales que, lejos de contribuir a la justicia, generan dudas y posibles abusos de poder.
Algunos medios cuestionaron la tardía reacción de la mandataria. Pero es justo ahí donde las redes sociales juegan un papel crucial pues permiten que la ciudadanía visibilice injusticias, abusos y omisiones. Es comprensible que, dada su alta investidura y múltiples responsabilidades, no toda la información llegue directamente a la Presidenta. Por eso es tan importante hacer uso responsable de las plataformas digitales y medios de comunicación para que casos así lleguen a conocimiento de las más altas autoridades. Lo mismo aplica a otros niveles de gobierno.
Este mensaje debería resonar especialmente entre servidores públicos, legisladores, delegados de programas sociales y actores del movimiento que gobierna. Aún más entre quienes actúan como si tuvieran dominio absoluto sobre territorios o comunidades, confundiendo su encargo con una autoridad incuestionable.
Ocupar un cargo público no otorga licencia para humillar, ni para ejercer el poder con prepotencia, bajo el disfraz de disciplina partidaria. El poder debe usarse para servir, no para someter.
La Presidenta es la mandataria de todas y todos los mexicanos. Su llamado a la humildad también es un llamado a la congruencia. Si desde la más alta tribuna del país se reconoce que una sanción fue excesiva, ¿por qué otros actores políticos o institucionales no pueden hacer lo mismo?
Yo misma, y lo digo con conocimiento de causa, he visto cómo algunos legisladores y delegados del Bienestar presionan a presidentes municipales y condicionan beneficios legales, solo por no ser de su agrado político. También me consta cómo hay funcionarios que intimidan o excluyen a personas de padrones sociales por no haber “caminado” con determinada campaña. Debe quedar claro: esto no es un proceso electoral, esto es institucional.
Ante cualquier abuso de poder, lo que deberíamos hacer es informar a la Presidenta. Por eso pregunto, ¿sabrá la Presidenta que hay actores, hombres y mujeres, que actúan con prepotencia y abusan a su nombre, contrariando lo que ella predica?