Por: Dra. Norma Julieta del Río

En Zacatecas, tanto senadores y senadoras como diputadas y diputados federales (y algunos ya también del ámbito local) han comenzado a “entrarle al juego” de informar a la ciudadanía sobre su trabajo. Presentan informes, comunican acciones y presumen resultados.

Pero ha comenzado una verdadera guerra de informes legislativos, de todos los colores y partidos, desde legisladores locales hasta federales. Cada uno quiere demostrar su productividad, mostrar que “trabaja” y que cumple con su mandato, aunque muchas veces los mensajes se repiten y se mezclan con discursos políticos o protagonismos personales.

Y la pregunta es inevitable: ¿realmente qué buscan con tantos informes? ¿Informar de manera efectiva a la ciudadanía o simplemente posicionarse políticamente? La respuesta parece clara: más que informes, la gente quiere resultados concretos.

No obstante, no todas ni todos son malos legisladores. Hay algunos diputados y diputadas, senadores y senadoras que sí nos representan bien, y es importante poner el ojo en ellos o ellas. Son pocos, pero lo afirmo con responsabilidad, basándome en pruebas y elementos claros de su trabajo. Ese reconocimiento es clave: señalar lo que funciona también fortalece la rendición de cuentas.

Sería mucho más interesante, y útil, que nos explicaran por qué votaron a favor o en contra de determinadas leyes, qué beneficios concretos traerán esas decisiones para Zacatecas y qué iniciativas no apoyaron y por qué. Cumplir con la ley no debería ser motivo de orgullo: es una obligación.

Lo que la ciudadanía necesita es información con impacto real, no un resumen de trámites. Queremos un lenguaje claro, cercano, que traduzca cómo las decisiones legislativas se reflejan en la vida diaria de la gente.

Algunas de esas decisiones, además, afectan directamente a los servidores públicos locales. La reciente discusión sobre el home office lo demuestra: detrás de cada norma hay personas con realidades distintas. Muchos trabajadores enfrentan situaciones urgentes (un hijo enfermo, un familiar delicado o la llegada de un bebé), y las leyes deben protegerlos. Los jefes que comprenden y facilitan permisos o condiciones flexibles generan compromiso y confianza. Porque ser estricto no siempre significa ser justo, la empatía también fortalece la productividad y la lealtad institucional.

Y mientras se realizan estos informes y discursos, hay órganos autónomos y servidores públicos que llevan quincenas sin cobrar. Esa situación no solo vulnera derechos laborales: golpea lo más sensible, las familias. Detrás de cada trabajador hay hijos, gastos escolares, medicamentos, transporte y comida. No pagar a tiempo no castiga a una institución, sino que fractura los cimientos de la estabilidad familiar zacatecana.

Por eso, los informes legislativos deberían ir más allá de lo formal. Queremos saber qué leyes aprobaron, cómo beneficiarán al estado y qué iniciativas rechazaron y por qué. Necesitamos datos, resultados, proyecciones e impactos reales, no discursos vacíos.

Un informe ciudadano no es un acto protocolario. Es una forma de rendir cuentas con claridad, transparencia y sentido público. Solo así se construye confianza y se generan resultados que realmente mejoren la vida de las y los zacatecanos.

En pocas palabras: menos tecnicismos y más claridad. No necesitamos discursos de una hora, sino explicaciones simples y honestas: qué se aprobó, cómo nos beneficia y qué se rechazó y por qué.

Y sí, también queremos que nos hablen con la verdad: hay quienes buscan trabajar a distancia, desde la comodidad de su casa o en viaje, mientras cobran salarios superiores a 113 mil pesos mensuales.

Hablemos claro: las mentiras ya no funcionan cuando la información pública está al alcance de todos.