El 19 de junio pasado fueron aprobadas en el Congreso del Estado de Zacatecas la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el 15 de octubre fueron publicados ambos ordenamientos en el Periódico Oficial, dos instrumentos fundamentales para garantizar derechos esenciales en una democracia: el derecho a saber y el derecho a la privacidad.

Sin embargo, a pesar de su entrada en vigor, existe un aspecto clave de la reforma que sigue sin cumplirse: la creación del órgano desconcentrado que la propia ley ordena en sus artículos transitorios y que debía instalarse en un plazo no mayor a los 30 días hábiles. Este órgano debía constituirse para asumir las funciones, el personal y los bienes materiales del extinto Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI). Hasta hoy, ese proceso no ha ocurrido y existe un vacío institucional que afecta a la ciudadanía.

La ausencia del órgano desconcentrado genera un vacío operativo y una creciente incertidumbre jurídica tanto para la ciudadanía como para periodistas, investigadores y organizaciones que dependen del acceso a la información para ejercer su labor.

Sin un ente que garantice el derecho a saber, ¿a quién acudir cuando una dependencia niega o retrasa información? ¿Quién asegura el cumplimiento de los plazos, la correcta clasificación de la información o la resolución de recursos?

Esta situación contraviene los principios de la Ley General de Transparencia a nivel nacional, que obliga a los estados a contar con instituciones sólidas, técnicas y especializadas que actúen como garantes del derecho de acceso a la información.

En materia de datos personales ocurre lo mismo. La ley estatal ya está vigente, pero la falta del órgano desconcentrado deja imprecisa la ruta de defensa para cualquier ciudadano cuyos datos sean vulnerados por una institución pública.

Si bien la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas ha asumido parte del trabajo y ha realizado un enorme esfuerzo para evitar que la protección de datos se detenga, lo cierto es que es indispensable reforzar estas funciones con personal especializado, estructura formal y la definición oficial del órgano que, de acuerdo con la ley, dependerá de esta misma Secretaría. Sin ello, el derecho a la protección de datos queda expuesto.

La transparencia y la protección de datos no son principios simbólicos; necesitan instituciones fuertes que las hagan valer. La falta de un órgano garante provoca que el sistema se debilite, precisamente en un momento en que la sociedad exige más claridad, más rendición de cuentas y más seguridad sobre el manejo de su información personal.

Zacatecas no puede permitirse retroceder en un derecho que ha costado décadas construir. Cumplir con la creación del órgano desconcentrado no es solo un mandato legal, sino un deber democrático.

La implementación total de las leyes recién aprobadas exige que el gobierno del estado concrete de inmediato la instalación del órgano desconcentrado, transfiera al nuevo ente el personal capacitado y los recursos materiales que pertenecían al extinto IZAI, y brinde certeza jurídica a quienes diariamente buscan información pública o requieren proteger sus datos personales.

Garantizar estos derechos no es un trámite administrativo: es una obligación constitucional. Y Zacatecas, que acaba de destacar en la cuenta pública 2024 presentada por la Auditoría Superior de la Federación, no debe permitirse este pendiente.