Por: Dra. Norma Julieta del Río
Zacatecas, Zac.-No tengo rechazo a la tecnología ni asumo una postura alarmista. La inteligencia artificial llegó para quedarse y, bien utilizada, puede mejorar la gestión pública, optimizar servicios y hacer más eficiente la vida cotidiana. El problema no es la herramienta, sino el uso que se le da. Y ese uso nunca es neutral: responde a decisiones humanas, a reglas (o a su ausencia) y a capacidades institucionales.
Por eso, hablar de privacidad en tiempos de inteligencia artificial no es un asunto técnico. Es una discusión de fondo sobre límites. Sobre hasta dónde puede llegar el uso de la información personal y bajo qué condiciones debe ser controlado. Porque si hoy el poder puede ejercerse a través de procesos invisibles, entonces la defensa de la privacidad deja de ser un tema individual para convertirse en una causa pública.
Todos los días, sin darnos cuenta, compartimos datos. Navegamos, compramos, interactuamos. Lo hacemos con naturalidad, casi de manera automática. Durante años, esa información parecía fragmentada, inconexa. Pero eso cambió. Hoy los datos se procesan, se cruzan y se convierten en insumos para tomar decisiones que impactan directamente en nuestras vidas.
Ya no son simples registros: son activos estratégicos.
La pregunta entonces es inevitable: ¿quién puede usar nuestros datos personales? La respuesta no es sencilla. En el entorno digital conviven gobiernos, empresas y plataformas con intereses distintos. El Estado, por ejemplo, recaba información para operar programas sociales o garantizar derechos. Y ese uso está (o debería estar) regulado por principios como la legalidad, la finalidad y la proporcionalidad.
Pero la realidad es más compleja.
Con la inteligencia artificial, los datos ya no se utilizan únicamente para el propósito con el que fueron recabados. Se reutilizan, se combinan, se reinterpretan. Ahí está el punto crítico: el valor de la información no se agota en su uso original, sino en todo lo que puede derivarse de ella. Y en ese proceso, el ciudadano pierde control.
Hoy, los algoritmos pueden perfilar comportamientos, anticipar decisiones e incluso influir en ellas. Pueden definir qué vemos en una pantalla o dónde se focaliza una política pública. Esto no es menor: implica una nueva forma de ejercer poder, muchas veces sin transparencia y sin rendición de cuentas.
Desde el derecho, existen marcos normativos claros. México cuenta con leyes que establecen principios para el tratamiento de datos personales. Sin embargo, la velocidad y complejidad de la inteligencia artificial rebasan, en muchos casos, la capacidad de estas normas para aplicarse de manera efectiva.
A esto se suma una desigualdad evidente: quienes generan los datos (las personas) no tienen el mismo poder que quienes los procesan. De un lado, usuarios que producen información sin control real sobre su destino. Del otro, organizaciones con infraestructura, conocimiento y recursos para extraer valor de esos datos.
No se trata de demonizar la inteligencia artificial ni de frenar su desarrollo. Se trata de entender que la discusión no puede quedarse en el consentimiento formal o en el cumplimiento mínimo de la ley. El debate es más profundo: involucra condiciones de uso, fines, impactos y responsabilidades.
Porque los datos personales ya no son sólo información. Son poder.
Y en ese contexto, la privacidad no puede seguir viéndose como un trámite legal. Es un derecho que define la libertad en la era digital. Es el límite frente a posibles abusos, tanto del Estado como del sector privado.
La línea entre el uso legítimo de la inteligencia artificial y la vulneración de datos personales es cada vez más delgada. Se vuelve peligrosa cuando hay mala fe, pero también cuando hay simulación. Cuando se presume innovación sin controles y se recurre al discurso para ocultar la falta de regulación.
El dilema no es menor: cómo se regulará el uso de la inteligencia artificial y el riesgo que implica la solicitud constante de datos personales, incluso sensibles, para trámites y servicios. Pero lo más grave es el vacío y la opacidad de las autoridades que deberían encargarse de este tema, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
No perdamos de vista lo esencial: la tecnología debe estar al servicio de la sociedad, no al revés.