Por: Dra. Norma Julieta del Río
Los institutos de transparencia desaparecieron, o están desapareciendo, en prácticamente todo el país. Y los organismos descentralizados que hoy se han puesto en marcha poco tienen que ver con el verdadero ejercicio de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.
La sociedad debe tener claridad sobre quiénes son ahora las nuevas autoridades garantes. Lo preocupante es que muchos de estos órganos terminaron convirtiéndose en juez y parte. Es decir, las mismas estructuras gubernamentales que deben ser vigiladas son ahora quienes resuelven sobre el derecho ciudadano a saber. Y eso representa un riesgo enorme para la rendición de cuentas.
Por otro lado, los nuevos organismos descentralizados denominados “Transparencia para el Pueblo”, en distintas entidades del país, y que hoy intentan cumplir con lo que establece la Ley General de Transparencia, deberían contar, cuando menos, con el personal especializado que tenían los antiguos institutos. No estamos en tiempos de improvisar ni de “aprender sobre la marcha”. Esto no es una escuela. Se requieren perfiles capacitados, con experiencia en acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas.
Hoy pareciera apostarse por un modelo donde esconder información se vuelve una práctica cotidiana. Pero tarde o temprano todo termina saliendo a la luz pública, y eso resulta todavía más grave y penoso para las instituciones.
Como ciudadanos debemos exigir que los nuevos órganos desconcentrados respondan y actúen conforme a la ley. Cuando un sujeto obligado niega información solicitada en la Plataforma Nacional de Transparencia, responde que “la solicitud es ambigua” o asegura que “la información no existe”, aun cuando claramente forma parte de sus obligaciones, no sólo incumple la ley: falta a la verdad.
También es importante recordar que dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia existe la posibilidad de presentar recursos y quejas ante negativas de información. Además, sigue existiendo una instancia jurisdiccional especializada, con sede en Aguascalientes, que puede intervenir en estos casos.
La ciudadanía no tiene tiempo para esperar a que las nuevas estructuras aprendan a funcionar. Los derechos no pueden ponerse en pausa mientras se reorganizan instituciones. Las prácticas utilizadas para esconder información, tarde o temprano, siempre terminan exhibiéndose.
Los vacíos institucionales terminan llenándose. Por eso, la creación del Instituto Mexicano con especialidad en transparencia, que próximamente impulsará un diplomado con ex comisionados de distintas entidades federativas, representa una herramienta útil frente a las dudas que hoy existen en órganos internos de control municipales y unidades de transparencia.
Hace falta orientación, capacitación y, sobre todo, compromiso con el derecho ciudadano a saber. La transparencia no es un favor ni una concesión política: es un derecho constitucional.
Y al final, todo termina saliendo a la luz. Vaya semana la que vivimos, donde conocimos información y hechos que intentaron ocultarse, pero que finalmente terminaron por exhibirse ante la opinión pública.