Por: Dra. Norma Julieta del Río
Por años se ha repetido que el sistema de salud en México es un derecho garantizado. En el papel lo es. En la práctica, sigue siendo uno de los principales puntos de debate entre el Estado y la ciudadanía.
La falta de atención médica oportuna, el desabasto recurrente de medicamentos, evidenciado en distintos momentos, y las irregularidades en los procesos de compra pública no son hechos aislados ni recientes. Son síntomas persistentes de un sistema que opera con tensiones estructurales y, en muchos casos, con información incompleta o difícil de verificar.
A ello se suman señalamientos constantes sobre licitaciones opacas y proveedores sancionados o inhabilitados por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por presuntas irregularidades. Por otro lado, el proceso de transición hacia el modelo de IMSS-Bienestar en varios estados del país avanza de manera desigual, con avances administrativos en algunos casos y rezagos operativos en otros. El resultado es un sistema híbrido que, lejos de consolidarse, sigue en construcción permanente.
El dato más reciente del Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2026, elaborado por Aregional y difundido por El Economista, no sorprende, pero sí preocupa.
De acuerdo con el informe, 28 de los 32 estados del país reprobaron en transparencia del gasto en salud, al obtener menos de 60 puntos en una escala de 0 a 100. El promedio nacional se ubicó en apenas 37.9 puntos, una cifra que habla por sí sola.
Solo cuatro entidades alcanzaron niveles considerados aceptables. En el extremo opuesto, estados como Chihuahua, Nuevo León, Morelos y Nayarit registraron niveles particularmente bajos.
Más allá de los números, lo que esta información revela es la dificultad para rastrear con claridad cómo, dónde y en qué se utilizan los recursos públicos destinados a la salud.
La discusión sobre transparencia suele quedarse en el terreno técnico, pero sus efectos son profundamente concretos. La falta de información se traduce en hospitales sin insumos, en medicamentos que no llegan, en tratamientos interrumpidos y en pacientes que deben buscar alternativas fuera del sistema público.
Lo más preocupante es que esta brecha entre el gasto y los resultados no es nueva. Es una condición que se ha documentado de manera reiterada y que coincide con lo que pacientes, médicos y trabajadores del sector han denunciado durante años.
En salud pública, la transparencia no debería ser un ideal aspiracional, sino un requisito mínimo de funcionamiento. Sin ella, la evaluación del sistema se vuelve incompleta y la corrección de fallas, tardía.
La opacidad no solo debilita la rendición de cuentas; también debilita la capacidad del sistema para responder a su propósito esencial: garantizar atención médica oportuna y de calidad.
En otras palabras, no se trata únicamente de eficiencia administrativa. Se trata de confianza pública y de derechos básicos.
Hemos sido testigos de narrativas que afirman lo contrario, sosteniendo que contamos con un excelente sistema de salud. Sin embargo, cuando la propia Presidenta realiza giras por el país, son los mismos usuarios quienes denuncian mala atención, falta de medicamentos y carencias en los servicios, lo que contrasta de manera evidente con el discurso oficial.
El sistema de salud enfrenta un dilema que ya no puede postergarse. No basta con ampliar la cobertura ni con anunciar reformas si la gestión de los recursos sigue sin ser plenamente transparente.
El problema es que, en un sistema donde el derecho a la salud depende de información incompleta, procesos poco claros y resultados difíciles de verificar, los afectados terminamos siendo las y los mexicanos. Y sin salud, no hay futuro posible.
Y en un país donde enfermarse ya implica un costo alto para millones de personas, la falta de transparencia no es un detalle administrativo: es una forma silenciosa de desigualdad.
Mientras eso no cambie, cualquier promesa de transformación en salud seguirá incompleta.