Agenda Política
Gabriel Contreras Velázquez
Lic. Ciencia Política y Administración Pública (UNAM)
El pasado 13 de septiembre, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, se suscitó un fenómeno político que ha sido apenas explicado con conceptos limítrofes; esto es, conceptos que no alcanzan a definir la dimensión política y de conflicto que representó el uso legítimo de la fuerza pública del Estado, en contra de grupos minoritarios, quienes en defensa de sus intereses colectivos desafiaron abiertamente la autoridad institucional.
Con más de tres meses de manifestaciones pacíficas en el centro de la capital del país, así como la movilización estratégica para la toma de vialidades importantes de la ciudad, los profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación habían desplegado todas las herramientas de presión a las instituciones, con las que habían crecido en los últimos 34 años.
Hasta hace unas semanas habían sembrado logros importantes (con los costos correspondientes, como el hartazgo ciudadano) entre los cuales, la desestabilización de la discusión de la reforma a la gestión educativa por parte del Estado, en el Congreso de la Unión, representó el punto máximo de efectividad en su forma de organización y repliegue de masas.
El gobierno federal y los partidos pagaron la factura de la exclusión de la CNTE en el Pacto (especialmente sus representantes en la izquierda partidista), de manera que el colectivo magisterial reforzó las movilizaciones en vialidades, provocando con ello dos posturas encontradas en la sociedad: los que apoyaban a los maestros, y quienes reclamaban la actuación de la autoridad para poner un alto a la estrategia de paralización citadina que realizaban los profesores.
Con una agenda de consensos y acuerdos difícil de conciliar, ya que el magisterio reclamaba el legítimo (más no legal) derecho de gestionar el ingreso y egreso de docentes, exigiendo a las instituciones una cantidad de plazas laborales que ellos pudieran administrar (con las cuotas y beneficios monetarios correspondientes).
Como se ha mencionado en este espacio, la reforma golpea los centros de organización y fuerza del magisterio, evitando el control de plazas laborales docentes, con la evaluación que el Estado realizará de toda la plantilla de funcionarios públicos de la educación que se encuentran activos actualmente.
El discurso del magisterio disidente refiere la siguiente controversia, según el discurso socialista que lo caracteriza: la reforma es una acción del Estado burgués, que representa intereses privados transnacionales, para debilitar la organización obrera docente, defensora de la educación pública y las necesidades del pueblo.
Ahora bien, el centro del debate de la reforma a la gestión educativa que devino del Pacto por México se encuentra en la Ley del Servicio Profesional Docente. La movilización más fuerte del magisterio surgió precisamente para prevenir la aprobación de dicha ley, donde se instituye la práctica evaluativa a los funcionarios públicos de la educación.
Más tarde, el discurso que no prosperó, debido a que la reforma fue aprobada en el Congreso de la Unión, se enfocó en una serie de problemáticas heterogéneas que presenta la educación en México.
La disidencia comenzó a reclamar al Estado (hasta entonces) que no era posible una evaluación homogénea a los docentes del país, debido a que existen diferencias naturales entre las escuelas urbanas y rurales. De ahí, el discurso pasó a la victimización de la población indígena y rural, quienes no reciben la atención suficiente de las instituciones para garantizar la efectiva aplicación del artículo tercero constitucional.
Ahí es donde se encuentra la coyuntura que debilitó la lucha de la CNTE. Cuando el poder del Estado -concentrado actualmente en el consenso de las tres fuerzas partidistas mayoritarias con el poder federal- rebató la fuerza que había obtenido el poder fáctico del magisterio para gestionar plazas educativas, el movimiento docente volvió los ojos a la complejidad que implica una organización “obrero educativa” que desafía el poder de las instituciones.
En esos momentos la CNTE vivió la falta de retroalimentación de su organización y discurso con las bases. La disidencia no pudo sostenerse dentro del periodo de crisis en que se encontraba (tomando en cuenta que el concepto de “crisis” en Marx, santo de su devoción, no significa otra cosa que “cambio”) y en medio de la fluctuación de la etapa que tenían para replantearse como movimiento magisterial, el hartazgo ciudadano se convirtió en la primera fuerza de presión al gobierno.
Con el desfile cívico militar del 16 de septiembre, y la negativa de los profesores de desalojar la plancha del Zócalo, el gobierno rompe negociaciones con la CNTE, advirtiendo desde días antes la entrada de la fuerza pública para la recuperación del espacio. Los sectores moderados se reubicaron desde el 12 de septiembre en el monumento a la Revolución. Los sectores más radicales apostaron por la estrategia más benéfica: uso de la fuerza pública como forma de victimización.