Por: Dra. Norma Julieta del Río
Hace dos días se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Debería ser una oportunidad para reflexionar sobre lo que representan los pueblos indígenas para México y sobre la responsabilidad que tenemos, como sociedad y como Estado, de protegerlos, escucharlos y fortalecer sus derechos.

Los pueblos indígenas forman parte de los sectores que históricamente han enfrentado mayores condiciones de desigualdad, discriminación, pobreza, exclusión y dificultades para acceder plenamente a servicios públicos y derechos fundamentales. Por eso, hablar de ellos como un grupo vulnerable no significa considerarlos débiles; significa reconocer que existen desventajas históricas y estructurales que requieren políticas públicas específicas para garantizar una igualdad efectiva.

México tiene razones de sobra para sentirse orgulloso de su diversidad. En nuestro país están reconocidos 69 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano, además de 68 lenguas indígenas, 364 variantes lingüísticas y 11 familias lingüísticas.

Pero detrás de cada una de estas cifras hay personas, familias y comunidades con necesidades específicas y con el derecho, como cualquier persona, a conocer la información pública que puede impactar su presente y su futuro.

Para una comunidad indígena, conocer cuánto presupuesto fue asignado para construir una carretera puede significar saber por qué una obra no se terminó. Conocer los recursos destinados a un centro de salud puede ayudar a exigir que funcione adecuadamente. Saber cuánto dinero se destinó a una escuela puede permitir preguntar por qué sus instalaciones siguen en malas condiciones.

La información pública también es una herramienta para defender derechos, particularmente para quienes viven en comunidades donde las condiciones de desigualdad hacen más difícil exigir cuentas a las autoridades.

Por eso, hablar de justicia lingüística también implica hablar de acceso a la información. Una persona no debería enfrentar una barrera lingüística para conocer cómo se gastan los recursos públicos destinados a su comunidad. La transparencia debe ser accesible, incluyente y comprensible para todos.

Detrás de cada lengua hay una historia. Hay pueblos que han conservado durante generaciones sus tradiciones, sus conocimientos, sus formas de organización y una manera particular de entender y relacionarse con el mundo.

Son parte de la historia viva de México. No son una fotografía del pasado ni una expresión folclórica que solamente debemos recordar cada 9 de agosto. Son presente y también son futuro.

Por eso resulta preocupante el análisis realizado por la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales A.C. sobre los recursos destinados al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), que señala una reducción de 25.08% en su presupuesto.

¿Cómo podemos hablar de preservar nuestra diversidad cultural si al mismo tiempo reducimos los recursos de las instituciones responsables de protegerla?

El INALI nació en 2003, a partir de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, como resultado de una larga lucha por construir una verdadera política de justicia lingüística.

Su existencia responde a una necesidad fundamental: que hablar una lengua indígena no sea una desventaja para acceder a la justicia, la educación, la salud o cualquier servicio público.

Porque la igualdad no consiste en tratar a todos exactamente de la misma manera. Consiste en reconocer las diferencias y eliminar las barreras que impiden el ejercicio pleno de los derechos en condiciones de igualdad.

En esta discusión también entra el combate a la corrupción.

Combatir la corrupción no significa solamente perseguir a quien desvía recursos públicos. También significa vigilar que el presupuesto se ejerza correctamente, que las prioridades sean transparentes y que las instituciones encargadas de proteger derechos cuenten con los recursos necesarios para cumplir su función.

La transparencia permite preguntar por qué se reduce un presupuesto, cuáles serán las consecuencias y qué medidas se tomarán para evitar que una población históricamente vulnerable vuelva a quedar al final de las prioridades públicas.

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas debería llevarnos a hacer algo más que pronunciar discursos, reconocer su existencia o construir narrativas que terminan ocultando sus realidades.

Debería llevarnos a reforzar el apoyo, a escuchar sus voces y a preguntarnos qué estamos haciendo para que sus lenguas, sus tradiciones y sus conocimientos sigan formando parte de México dentro de 50, 100 o 500 años.

Porque la historia de México no comenzó con nosotros.

Está también en las comunidades que preservaron sus lenguas cuando nadie las escuchaba, en quienes transmitieron de generación en generación sus conocimientos y en quienes, pese a la discriminación y la desigualdad, han mantenido viva una parte fundamental de lo que somos.

Apoyarlos es una obligación del Estado y una responsabilidad de todos.

Y si realmente estamos orgullosos de nuestra diversidad, ese orgullo debe demostrarse con hechos: con presupuesto, con políticas públicas, con instituciones fuertes, con transparencia y, sobre todo, con respeto a sus derechos.

Porque un país que olvida a quienes preservaron buena parte de su historia termina también por olvidar quién es.